Comienza el juicio contra los expedáneos de Lusa y Mioño

Castro Urdiales

El juicio contra los expedáneos de Mioño y Lusa, en Castro Urdiales (Cantabria), Víctor Echevarría y Antonio Alijo, por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida prevaricación y coacciones en relación con el arrendamiento de unos terrenos mineros a la UTE Dícido, comienza este viernes, 13 de abril, en la Audiencia Provincial de Cantabria, un año y cuatro meses después de su última suspensión en diciembre de 2016.

En este procedimiento, ejercen la acusación particular las dos empresas que formaban la Unión Temporal de Empresas (UTE), Sadisa y Emilio Bolado, que piden penas que suman 17 años de cárcel y 24 de inhabilitación para cargo público para los exalcaldes de Mioño y Lusa, así como una indemnización de más de 1,25 millones de euros por los citados delitos, que la Fiscalía no considera probados.

De acuerdo con la acusación particular, el objetivo del contrato era arrendar unos terrenos de las juntas vecinales a dicha Unión Temporal de Empresas para que éstas pudieran extraer y explotar económicamente durante un máximo de 20 años (el arrendamiento se fijo en cinco años, prorrogables hasta 20) los restos minerales existentes en los citados terrenos, en suelo rústico de especial protección medioambiental y donde durante décadas existió una explotación minera.

Según esta parte, en base al contrato, los alcaldes de Mioño y Lusa idearon el modo de estafar a la UTE empresarial y apropiarse ilegítimamente de más de 1,2 millones (1.256.700 euros) para ingresarla en las cuentas bancarias de las Juntas primero, y hacerla desaparecer de las mismas después, en cuestión de semanas sin que se sepa con exactitud el destino de dicha cuantía, pues el medio usado para su distracción fue, según la acusación, la emisión y utilización descontrolada de numerosos cheques al portador.

Pero la Fiscalía considera que no ha resultado debidamente acreditado que los acusados, en su condición de alcaldes de las juntas vecinales de Lusa y Mioño, dictaran resoluciones administrativas que "infringieran de forma palmaria" el ordenamiento jurídico administrativo, con la finalidad de perjudicar injustamente los intereses públicos o los de la parte contratante en el expediente de contratación hecho con la UTE Dícido.

Según el Ministerio Público, el contrato no ha sido un puro artificio al servicio del fraude, existiendo una voluntad negocial real por parte de las juntas y sus alcaldes. Así, para el fiscal, lo que ha existido es una "discrepancia contractual" entre las partes que suscribieron contrato, cuya resolución debe corresponder a la jurisdicción Civil.