Chaves: "Me cuesta creer que se haya creado un procedimiento ilegal"

Sevilla

El que durante 19 años ha sido presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, se ha sentado ante el Tribunal que lo juzga por supuesta prevaricación con varias carpetas rojas llenas de papeles y una botella de agua. Chaves ha manifestado varias veces que siempre ha partido de que “mis consejeros y consejeras respetaban la ley. Me cuesta y me ha costado creer que intencionadamente se haya creado un procedimiento ilegal o para burlar la ley”. El expresidente nunca ha tenido conocimiento tampoco del procedimiento que se usaba para pagar los ERE, porque nunca fue informado ni de la existencia ni del contenido del convenio marco que firmaron en 2001 Empleo y la agencia pública IDEA. Chaves, ha declarado, no sabe nada del informe de la Intervención que hablaba de que la Junta usaba un procedimiento ”inadecuado” para pagar los ERE. Este desconocimiento no es por “dejadez”, ha señalado. sino porque eran asuntos que no formaban parte de su “ámbito de decisión política”.

En el Consejo de Gobierno se hablaba sobre cómo afrontar la situación de crisis de las grandes empresas, ha explicado, por su repercusión social y política. Se debatía y hablaba de los conflictos laborales, educativos o sanitarios. Y él se reunía con los comités de empresa o con los empresarios en ocasiones, ha dicho. Chaves sabía que la Junta concedía ayudas socio laborales, como había ayudas para becas o para actividades culturales. Lo que desconocía era cómo se tramitaban. Ha afirmado que desconocía, también, cuál era el procedimiento de concesión, los requisitos que se pedían, las exigencias o condiciones y la cuantía o los beneficiarios. “Eso no entraba en mi ámbito político de decisión”.

El presidente del Tribunal le ha querido formular varias cuestiones antes de finalizar su interrogatorio. “Dijo el consejero Don Antonio Fernández que las modificaciones presupuestarias, que aprobaba el Consejo de Gobierno, permitían conocer el procedimiento y el destinatario de las ayudas. ¿Comparte usted esta afirmación?”. “No. Ni el presidente ni el Consejo de Gobierno podían conocer ni las modificaciones presupuestarias ni las transferencias. No se debatían. Solo las conocía el consejero que las presentaba”, ha respondido el acusado. Ya había insistido antes en que ni siquiera se abrían las carpetas que llevaban índice verde porque contaban con todos los informes correspondientes favorables y se aprobaban de manera casi automática.

La Consejería de Empleo necesitaba que se aprobaran esas modificaciones de crédito para pagar las ayudas de los ERE porque no disponía del crédito suficiente. De ahí que llevara a Consejo de Gobierno esas modificaciones presupuestarias. Además, él ha recordado que las modificaciones presupuestarias también las conocía el Parlamento.

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Sobre el debate que existía en el Consejo de Gobierno para elaborar las leyes de presupuestos donde figuraban transferencias de financiación de Empleo a IDEA, ha mostrado un gráfico para manifestar que no había debate profundo, que no se entraba en programas presupuestarios o partidas concretas. Además, ha añadido, que una ley de presupuestos solo es efectiva cuando la aprueba el Parlamento. Y el Parlamento, ha incidido, la aprueba después de debatir el proyecto de ley y de enmendarlo.

Chaves no recuerda que en los consejos de Gobierno se hablara de los montantes económicos con los que la Junta iba a ayudar a los extrabajadores de Delphi o a los de Santana Motor. Nunca se ha reunido, ha afirmado, ni con un director general ni con un delegado territorial. Nunca ha respondido a la carta de ningún ciudadano ni ha sabido de un fax que llegó a su secretaría donde una persona explicaba que en las minas de Huelva se habían prejubilado mineros que “no habían pisado una mina ni por dentro ni por fuera”. Ese documento fue remitido por su secretaria a Empleo, “siguiendo el proceder habitual”.

Al expresidente andaluz se le notaba que tenía ganas de explicarse. Ha respondido con vehemencia, ha gesticulado bastante. Ha mirado poco los papeles que llevaba guardados en varias carpetas rojas. Solo ha usado un gráfico con dos hojas para mostrar al Tribunal que con él se aprobaba el proyecto de presupuestos.

Manuel Chaves ha tenido permiso del Tribunal para contar un “chascarrillo”. Cuando existía una diferencia entre consejeros él le daba la razón al de Hacienda porque había leído en la novela Juliano el Apóstata que era la forma de que funcionara el Gobierno.

Chaves es el vértice de una pirámide construida a partir de los intrusos que descubrió la jueza Alaya en el expediente de regulación de empleo de Mercasevilla. La Fiscalía le pide 10 años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación. Por supuestamente haber creado y mantenido un sistema de pago de ayudas socio laborales y directas a empresas al margen de la Ley de Subvenciones y de la Ley General de la Hacienda Pública.