Guerra abierta entre FCF y Proliga

Santander

El enfrentamiento entre Federación Cántabra de Fútbol y ProLiga, la asociación de clubes de Segunda B y Tercera, ya ha llegado a los tribunales. Además, los cuatro clubes asociados a la entidad presidida por Óscar Garvín -que son Tropezón, Cultural de Guarnizo, Vimenor y Cayón- se ven notablemente afectados en esta guerra.

Más allá de las crudas diferencias y los cruces de acusaciones entre José Ángel Peláez, presidente de la territorial cántabra,  y distintos miembros de la asociación -muchos de ellos "retransmitidos" vía Twitter-, el desencadenante ha sido el reparto de la parte correspondiente a los derechos televisivos para los clubes de la cuarta categoría del fútbol nacional - 33.000 euros -.

El requerimiento de la FCF para abonar este dinero era el de estar al corriente de pago con la AETA, Seguridad Social, un certificado de titularidad a nombre del club de la cuenta de ingreso y, en donde reside la gran problemática, una declaración jurada comprometiéndose a no tener deudas judiciales o extrajudiciales pendientes de embargo.

Los entidades se mostraron reticentes a ello, según han declarado a la Cadena SER, al alegar que "es en la única comunidad en la que se pide esto", además de recalcar que no se trata de una subvención, como sí afirman desde la la entidad federativa -ha mostrado públicamente el documento enviado por la española, el pasado 26 de febrero-.

Tropezón, Escobedo, Cultural de Guarnizo y Vimenor, finalmente, el pasado jueves, optaron por presentar todo lo requerido, aunque adjuntando un escrito en donde se refleja que el proceso ha transcurrido bajo "amenazas y coacción", exigiendo el pago en "48 horas".

En el seno de la Federación Cántabra de Fútbol esto produjo un visible enfado y, como afirmó Peláez a SER Deportivos Cantabria, se informó al Consejo Superior de Deportes de estas acusaciones, tomando la decisión de entregar el dinero en los juzgados.

Finalmente, en la jornada de ayer, la FCF anunció que va a presentar una querella criminal contra la Junta Directiva denunciando delitos como administración desdelal, apropiación indebida, falsedad documental, calumnias, injurias y amenazas.