Muerte digna

Las Palmas de Gran Canaria

El caso del sufrimiento de Marcela Padrón en los últimos días antes de su muerte, que ha sido denunciado por su familia, no me deja indiferente. Tras escuchar a las partes, a la familia cargada de dolor por la pérdida de madre y por el dolor padecido innecesariamente y también al director médico del hospital de Gran Canaria Doctor Juan Negrín, me temo que faltan demasiadas respuestas sobre el caso y que no vale escudarse, como han hecho desde el centro hospitalario, en la ley de protección de datos. Y no vale según los juristas porque la familia ya ha hecho público el caso, ya no a lugar el secreto del expediente, aunque en derecho pueda haber opiniones contratarias.

En términos generales, no puede ser que una persona con una enfermedad terminal sufra en contra de su voluntad, sobre todo teniéndose los medios necesarios para evitar dolor. Pero especialmente no es de recibo, cuando la persona ha dejado su última voluntad escrita, su testamento vital, su manifiesto adelantado de voluntad.

Volviendo al caso, no entiendo por qué no se reunió el comité ético del hospital, no entiendo cuál ha sido la interpretación médica, si ha podido producirse algún tipo de cuestión religiosa de algún profesional. Si al final, como ha dicho la familia, Marcela fue sedada, a qué se debió la espera de cuatro días de dolor intenso que estos apuntan. Desde el hospital se dice que lo dicho por los familiares no se corresponde con lo sucedido, que no pueden hablar por la ley de protección de datos, pero hay juristas que opinan lo contrario por que el caso ya lo ha hacho público la propia familia. Ya se sabe que en derecho hay opiniones para gustos.

 Marcela además tuvo la mala pata de sufrir un diagnóstico erróneo tres meses antes de la muerte y además también sufrió la espera en urgencias unas 10 horas posteriormente.

Marcela era la única trabajadora responsable de realizar el Manifiesto Vital en Las Palmas, era en definitiva una persona que debía saber como nadie como funciona el documento y conocía obviamente el sistema y el sistema, al parecer, no ha funcionado con ella. Sus familiares apuntan que tienen la constancia de que no se actuó bien, se entiende que tienen pruebas, también dicen que su objetivo no es económico, quieren que por lo menos sirva de algo y se mejore. ¿Quién puede estar en contra?. Lo mejor, buscando la tranquilidad del común, que se haga una investigación interna por parte del hospital y si no queda clara a tribunales.

 Con todo tenemos que la ley es muy clara, hay que respetar la última voluntad de la persona cuando no quiere alargar la agonía y cuando las posibilidades de salir con éxito son ínfimas. En España la ley nos protege, si no queremos tratamiento, no lo queremos y a morir dignamente.