Suspensión de 6 meses para el juez Lis a partir del 1 de mayo

Las Palmas de Gran Canaria

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado la suspensión de funciones del juez de Instrucción número 3 de Arrecife (Lanzarote), Rafael Lis, a partir del 1 de mayo durante seis meses, suspensión confirmada en el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 30 de noviembre de 2017.

 El que fuera juez decano de Las Palmas de Gran Canaria fue sancionado por la Comisión Disciplinaria del CGPJ como autor de una falta muy grave de desatención en sus funciones por no apartarse de una causa judicial a sabiendas de que había sido recusado.

Según el CGPJ, Lis debería de haberse abstenido de tramitar la denuncia que el juez instructor del "caso Unión", César Romero Pamparacuatro, había presentado tras descubrir que algunos documentos de esa causa por corrupción se habían perdido, debido a un robo o a un extravío.

El juez Pamparacuatro recusó a su colega porque la esposa de este, Margarita Alejo, defiende como abogada al empresario de Lanzarote Juan Francisco Rosa, imputado en el "caso Unión" y también en el abierto a raíz de las irregularidades de la bodega Stratvs, al que podría afectar la pérdida de los documentos.

Lis no aceptó la recusación de Pamparacuatro, pero finalmente la Audiencia de Las Palmas le obligó a apartarse de la investigación sobre el posible robo de documentos del "caso Unión", al encontrar "razonables" las dudas que se habían planteado sobre su posible interés directo o indirecto en ese asunto.

Sin embargo, Rafael Lis permitió antes personarse en él a cuatro imputados en la otra trama de corrupción: Dimas Martín, Luis Lleó, Felipe Fernández Camero y Juan Francisco Rosa.

La Comisión Disciplinaria del CGPJ entendió que, en su actuación en esa causa por el posible robo de documentos del "caso Unión", el juez Lis cometió una falta muy grave, por lo que lo sancionó, en una decisión que luego fue ratificada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

El juez Lis ha dictado esta semana otra resolución indirectamente relacionada con el "caso Unión": imponer una fianza de 1,5 millones de euros a Carlos Espino, el exconsejero socialista de Lanzarote que presentó la denuncia con la que se destapó esa trama de presunta corrupción, por su posible responsabilidad en la presunta adjudicación irregular de contratos de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo (CACT).