La ONU investiga el CIE de la Zona Franca de Barcelona por haber encerrado a ocho menores

Barcelona

El Comité de los Derechos del Niño está analizando 39 casos de posibles vulneraciones de derechos de la infancia en todo el mundo presentadas por abogados y letrados de países democráticos y en paz. Lo explica la propia ONU, en un documento al que ha tenido acceso la Cadena SER. El 70% de los casos afectan a España, detrás está Dinamarca, con 5 expedientes. Aquí, la práctica mayoría, o bien son deportaciones en caliente hechas en Ceuta y Melilla o bien menores que han acabado encerrados en Centros de Internamiento de Extranjeros. De estos, ocho apuntan directamente el CIE de la Zona Franca de Barcelona. Uno es de 2016, seis son del año pasado y ya se ha registrado un caso este 2018.

La mayoría son adolescentes africanos, que van indocumentados o con fotocopias de los pasaportes y que no siempre dicen que son menores. Acaban en el CIE porque no se acepta la documentación que llevan y porque las pruebas hechas por los médicos los clasifican como mayores de edad. Hasta que no tramitan nuevos pasaportes o certificados de nacimiento a través de los consulados, no abandonan estos centros. En otros casos salen porque cumplen los 60 días de internamiento y no pueden ser deportados, o directamente, porque la ONU ha pedido a España que los deje en libertad.

Esto fue lo que le pasó a Ouattara Akai Aboubakar, venido de Costa de Marfil. Ahora vive en un centro de menores de la Generalitat, después de estar encerrado todo el mes de febrero en la Zona Franca. La ONG Cepaim lo atendió en la salida. Mané Atade, el director de la entidad, apunta que "de cada 10 casos de internos que les llegan tras abandonar el CIE, uno suele ser menor". Les dan atención psicológica y, sobretodo, les ayudan a tramitar los papeles. "Contactamos con la familia y nos envían una captura del documento de nacimiento o algún documento que demuestra que es menor de edad. Es un primer paso para que luego el proceso vaya más rápido. El consulado necesita estos documentos que están en el país de origen".

Desde la Policía Nacional no niegan que se hayan encontrado estas situaciones. Insisten en que cuando hay un posible menor en el centro de internamiento aplican los protocolos existentes, que consisten en hacerles las pruebas de edad, ordenadas por el juez o el fiscal.

Fuentes de la defensa de todos estos menores creen que la policía y el juez del CIE deberían ponerse en contacto con los consulados de los países de origen y pedirles la documentación oficial antes de encerrarlos en el Centro de Internamiento de Extranjeros, especialmente cuando tienen copias de documentos oficiales. Retener menores en centros para adultos no sólo vulnera los derechos humanos y los de los niños sino que también es ilegal según la Ley de Extranjería.

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