PRC y PSOE piden a la fiscalía que investigue "la estafa" de Ecomasa

Santander

El PSOE ha pedido que las conclusiones de la comisión de investigación sobre la quiebra de Ecomasa se eleven a la Fiscalía para que, si procede, investigue el paradero de los doce millones de euros que, según los socialistas, "se pierden en el entramado empresarial".

Para el PSOE en la comisión ha quedado patente que se "pierde la trazabilidad" de doce millones de euros en "el holding empresarial" Ecomasa, por lo que considera que la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía para saber donde está esa cantidad sería "de vital importancia para intentar recuperar el dinero público".

Esos doce millones, señala, se pierden en "un entramado contable de compra de filiales, de facturación y concesión de préstamos entre empresas de Ecomasa".

También el PRC ha concluido que la documentación y aportaciones recabadas en la Comisión de investigación sobre la quiebra de Ecomasa. Según los regionalistas, se acredita que se produjo una estafa de 21,2 millones de euros, perpetrada por Andrés de León y Jesús Lavín con la connivencia del Gobierno regional que presidía Ignacio de Diego.

Por ello, el grupo parlamentario insta a Ignacio Diego, como máximo responsable político de la gestión del proyecto Ecomasa, "como reconoció en su comparecencia del pasado 14 de noviembre", a que dimita de todos sus cargos públicos, al poder ser considerado "responsable por acción y omisión de la fraudulenta operación".

Una petición que los regionalistas hacen extensiva a la exconsejera de Economía y Hacienda y responsable por entonces del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Cristina Mazas y a los demás miembros que formaron parta de la toma de decisiones y que tuvieron vinculación directa con el proyecto. El portavoz regionalista en la comisión, Francisco Ortíz, pide además que la Fiscalía investigue el destino del dinero.

Podemos, además, quiere que se indemnice a los trabajadores de Ecomasa por un "funcionamiento anormal" de la administración y que se les abone el dinero que aún no ha obtenido a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Según Podemos, se debe reconocer que los 3,2 millones de euros que fueron entregados por Teka provenían de las indemnizaciones de los trabajadores que se incorporaron posteriormente a Ecomasa.

"Trabajo intachable"

El PP considera que en la comisión de investigación sobre la quiebra de Ecomasa ha quedado acreditado que la actuación pública fue "intachable" desde el punto de vista legal y que el cambio de Gobierno supuso el fin de esta iniciativa empresarial cuando era posible una reorientación viable.

Para el grupo popular la comisión ha sido "extemporánea y de escasa utilidad", porque, a su entender, ha quedado claro que no existen "más responsabilidades que la responsabilidad política de carácter indeterminado", que cree que debe ser matizada en función del contexto en que se gestó el proyecto, mientras ha quedado descartada cualquier otra responsabilidad, civil o penal.

Cree además que era de esperar al tratar asuntos que han sido o están siendo abordados en procesos judiciales, siempre en relación a la actuación de la empresa, y en ningún caso, en relación con la actuación pública, tanto de los responsables políticos del Gobierno de Ignacio Diego como de los técnicos de la administración.