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Jueves, 05 de Diciembre de 2019

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A la espera de un auto con “efectos devastadores” sobre el caso Brugal

Hasta 18 causas derivadas, como la del amaño del PGOU, dependen del auto que valide o no las escuchas en el juicio por alzamiento de bienes contra los empresarios Gregory y Ángel Fenoll, iniciado este viernes

El empresario oriolano Ángel Fenoll (i), conversa con José Vicente Gregory en una cafeteria cercana a la Audiencia Provincial, antes del juicio de una pieza separada del "caso Brugal". /

Un auto dictado previsiblemente antes del 31 de mayo revelará el quid de la cuestión: la validación de las escuchas telefónicas, en la causa que este viernes se ha empezado a juzgar en la Audiencia Provincial, contra los empresarios y hermanos Rafael y José Vicente Gregory y Ángel Fenoll.

Están acusados -y junto a ellos 12 personas más, entre socios, empleados y testaferros- por un supuesto alzamiento de bienes en el Grupo Autisa (un conglomerado de empresas del sector de la automoción), un caso que fue destapado por la Policía en la investigación que dio pie al caso Brugal y del que luego derivaron 18 causas más, entre ellas la imputación de la exalcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, y el empresario Ortiz, por amañar presuntamente el Plan General alicantino o el caso Rabasa.

Aquella operación permitió desmantelar hace una década dos tramas de presunta corrupción política y empresarial relacionadas con la recogida y el tratamiento de basuras en la ciudad de Orihuela y su comarca, la Vega Baja, y lo hizo a traves de unas escuchas policiales que derivaron en otras.

La defensa de Rafael Gregory, cuyos argumentos han suscrito luego el resto de letrados, se ha centrado este viernes en pedir la nulidad de esas escuchas como prueba de cargo, lo que podría tener un "efecto devastador", defendía el propio abogado, José Celestino Maneiro, por el precedente que sentaría sobre las otras causas derivadas.

Sus argumentos para anular las grabaciones en esta primera fase de cuestiones previas: la falta de motivación, los casi tres años en los que los teléfonos han estado pinchados o la falta de algunas autorizaciones judiciales para ello, así como la "manipulación de las conversaciones" por parte de la policía, a la que acusan de haber actuado con "carácter contemplativo" y permitir la consumación de los hechos.

El fiscal, no obstante, ha contraargumentado en un informe posterior que el tiempo de las escuchas no fue "caprichoso", que el secreto se alzó con tiempo suficiente" o que los pinchazos telefónicos se mantuvieron porque al investigar un delito, fueron surgiendo muchos otros hechos delictivos que lo justificaron. Además, se ha apoyado en una sentencia de 2015 que sí validó los pinchazos telefónicos.

Lo que acuerde ahora el tribunal, de aquí a la próxima sesión de este juicio, el 31 de mayo, será decisivo para anular o no la principal prueba de cargo, estas escuchas -en lsa que se sustentan tanto las supuestas ilegalidades detectadas en Autisa y sus mercantiles como la documentación intervenida en los registros llevados a cabo- y, por extensión, del proceso, e influir en otros juicios pendientes como el caso Brugal que arrancará en Elx en 2019.

 

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