Un informe pone de manifiesto el modelo "caduco", "costoso" e "ineficaz" de la gestión de los informativos de RTVC

Santa Cruz de Tenerife

La Cadena SER ha tenido acceso al informe sobre la conversión pública de los servicios informativos de la Televisión Canaria; un documento realizado por Comisiones Obreras, y que incluye un pormenorizado estudio económico, laboral y técnico. Las conclusiones del documento son demoledoras, y evidencian que la gestión indirecta de los servicios informativos, realizada por la empresa adjudicataria Videoreport, genera un modelo caótico, ineficaz, incapaz de cumplir con sus principios básicos y, sobre todo, más costoso para las arcas públicas. En este punto, el informe es claro: Videoreport ha priorizado el alcanzar el máximo beneficio en detrimento de la calidad de los informativos y de las condiciones de los trabajadores. En el primer caso, la citada empresa ha tenido 16 millones de euros de beneficio. Una cifra que se podrían haber ahorrado las arcas públicas de haber sido de titularidad pública los informativos. Este beneficio ha ido incluso a más, en momentos en los que la empresa recortó personal. Concretamente, en 2013, cuando un año después de realizar un ERE, la empresa obtuvo alrededor de 2 millones de euros de beneficio, un tercio más que el ejercicio económico anterior. Al respecto, el informe es categórico" el beneficio económico prima sobre la información".

Por otra parte, el documento advierte de las continuas injerencias y dificultades que sufren los trabajadores de los servicios informativos a la hora de confeccionar noticias. Así, la redacción de informativos está formada por un 90 % de trabajadores que pertenecen a la empresa concesionaria y se les tiene prohibido "tener contacto con los editores de la parte pública". Así la empresa actúa bajo un modelo mixto en el que la información no se mide por la calidad sino por la cantidad. Según el informe, el grado de injerencia de Videoreport es tal, que se espera al titular de una agencia de noticias o del periódico que forma parte accionarial de la mencionada empresa, "para enfocar una noticia" llegándose "al extremo de publicar un dato erróneo porque lo ha publicado dicho periódico, o llegó de otra fuente externa, a pesar de que el redactor informó que se cometía un error".

Precariedad laboral

Otro de los aspectos que destacan en el informe, es la extrema precariedad de los trabajadores de los servicios informativos. Entre 2012 y 2018 se ha duplicado el número de directivos mientras que, en ese mismo período se ejecutaron dos ERES. El primero de ellos en 2012, en el que se despidió a 41 trabajadores de dilatada experiencia. Del mismo modo, según el documento, la precarización de las condiciones laborales de la plantilla tiene que ver, fundamentalmente con la política de subcontratación. En el informe se advierte de que "las empresas concesionaria ha buscado una vía alternativa a través de la cual poder contratar trabajadores en peores condiciones que las que exige el convenio". De hecho, de los 144 millones de euros para el periodo 2018- 2026, más de 57 millones de euros se pueden usar para subcontratar a personal con peores condiciones laborales y todo ello, con dinero público. Especial mención se hace a la precarización de los trabajadores de las islas de la Gomera, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, quienes se encuentran subcontratadas a otras productoras sin "garantizar unas condiciones laborales similares a los trabajadores de las empresas concesionarias".