Viernes, 25 de Septiembre de 2020

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“Cada gasolinera sin personal supone la pérdida de seis puestos de trabajo”

El Consejo Económico y Social considera que el modelo de estaciones sin personal es susceptible de incrementar la competencia y de presionar los precios a la baja, pero al mismo tiempo suscita problemas relacionados con el empleo

“Cada gasolinera sin personal supone la pérdida de seis puestos de trabajo”

REUTERS

El Consejo Económico y Social vasco (CES) ha advertido hoy de que cada gasolinera sin personal que la atienda supone la pérdida de seis puestos de trabajo, pero a la vez Europa considera que restringir su implantación es ir contra la libertad de empresa, por lo que ha pedido "un debate sosegado y prudente" sobre los requisitos para su implantación.

Este órgano consultivo ha emitido un dictamen sobre el 'Proyecto de Decreto sobre los requisitos que deben cumplir las instalaciones desatendidas para suministro a vehículos en Euskadi', elaborado por el Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco.

Las estaciones de servicio desatendidas son aquéllas en las que el usuario realiza las operaciones de suministro de combustible y de pago sin mediación de personal, a diferencia de las gasolineras tradicionales o de las de ?autoservicio?. En esta última modalidad, el personal de la empresa activa el suministro y gestiona el cobro, aunque son los usuarios quienes realizan el auto-abastecimiento.

El modelo de negocio de las gasolineras desatendidas tiene una presencia dispar en Europa. Así, representa más del 60% de las estaciones en Dinamarca y Suecia; el 20%, en Holanda y Bélgica; el 10%, en Francia y el 5% en España.

El CES recuerda que la implantación de gasolineras desatendidas constituye una cuestión "muy controvertida", Así, el CES estima que el modelo es susceptible de incrementar la competencia y de presionar los precios a la baja, pero al mismo tiempo suscita problemas relacionados con el empleo, con la seguridad, con los derechos de los consumidores y con la atención a las personas con discapacidad.

De hecho, el incremento en los puntos de venta de carburantes no se ha visto traducido en un crecimiento en el empleo en el sector, que ha caído de los 54.800 empleos de 2014 a los 52.100 de 2016 en España. Se estima que cada instalación desatendida redunda en una pérdida de 6 puestos de trabajo. El año pasado se contabilizaron 560 gasolineras automáticas en toda España, que representaban el 5% del total existente.

Por otra parte, el CES recuerda que la presencia en las estaciones de suministro de personal con formación, capacitado para responder adecuadamente ante incidentes o accidentes, es una garantía para la protección de las personas y del medio ambiente.

En ausencia del mismo, el Consejo estima que las estaciones automáticas deberían proveer por otras vías la vigilancia de las situaciones que puedan generar un riesgo por un mal uso por parte de los clientes (fumar, encender un cigarrillo, utilizar el teléfono móvil?).

Otro elemento de preocupación está relacionado con los derechos de los consumidores, ya que la ausencia de personal puede dificultar la obtención de la factura del carburante adquirido o de las hojas de reclamaciones firmadas por la empresa.

También es polémico el servicio que las gasolineras automáticas deberían ofrecer a las personas con discapacidad y el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que investigue si los derechos de las personas con discapacidad como clientes están debidamente amparados en estas estaciones sin personal.

Por último, el CES destaca los aspectos jurídicos de la controversia en torno a las gasolineras sin personal: los conflictos jurídicos han llegado hasta la Comisión Europea tras la denuncia presentada en julio de 2016 en contra de varias normativas autonómicas españolas que exigen la presencia de al menos una persona empleada en las gasolineras desatendidas.

La Comisión Europea -que ya abrió un procedimiento de infracción contra Italia y Grecia por motivos similares-, ha advertido de que estas normativas autonómicas que exigen una persona suponen una restricción incompatible con el derecho a la libertad de establecimiento de empresas

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