Lunes, 14 de Junio de 2021

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El Govern adaptará la ley de consultas tras el aviso de inconstitucionalidad del Consultiu

El órgano se basa en la sentencia del Constitucional de 2010 que anuló la ley de consultas de Catalunya

El Govern adaptará la ley de consultas tras el aviso de inconstitucionalidad del Consultiu

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La conselleria de Cultura y Participación adaptará el proyecto de ley de consultas después de que el Consell Consultiu haya advertido de que contiene aspectos inconstitucionales y por tanto no se ajusta a la ley. Uno de los principales argumentos para este rechazo es la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que anuló la ley de consultas de Catalunya, que concluye que "queda fuera del alcance de la competencia autonómica formular, convocar o realizar actuaciones que patrocinen la convocatoria de consultas populares que incidan sobre cuestiones fundamentales".

A pesar del rechazo de este órgano, el Consell de Govern podría dar luz verde a esta normativa aunque en caso de que se pusiera en marcha las consultas no serían vinculantes, es decir, que serían una mera encuesta popular.

En ese sentido, el informe del Consell Consultiu contiene un voto particular de Joan Oliver Araujo, en el que se adhieren otras dos conselleras María Ballester y María de los Ángeles Berrocal, que considera que "hacer caso omiso del resultado equivaldría a un verdadero golpe de estado constitucional".

La consellera de Cultura y Participación, Fanny Tur, admite que los servicios jurídicos del Govern están analizando el informe y que se adaptará lo que haga falta con el objetivo de poder aprobar la futura ley y que cuente con todas las garantías jurídicas. 

Tur insiste en que la idea es que esta norma sea una herramienta legal para poder realizar consultas a la ciudadanía más allá de cada cuatro años. 

Entre las objeciones del Consultiu a la normativa recuerdan que las consultas populares no pueden ser generales y solo se permitirían cuando vayan dirigidas a un determinado público. Tampoco se puede crear un registro único de participación ciudadana, porque, señala este órgano que el Tribunal Constitucional no lo permite.

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