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Lunes, 16 de Septiembre de 2019

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Canarias prohíbe el alquiler vacacional en zonas turísticas con "excepciones"

Durante el próximo mes se abre el periodo de las alegaciones ciudadanas, con la intención de tener "lista" el nuevo decreto antes de finalizar 2018

Canarias prohíbe el alquiler vacacional en zonas turísticas aunque cabildos y ayuntamientos podrán fijar excepciones / ()

El Gobierno de Canarias ha presentado en sociedad el nuevo borrador de decreto del alquiler vacacional, que sustituirá al vigente desde 2015. Una ley que, como rasgo principal, según ha destacado el consejero regional de Turismo, Isaac Castellano, "va a prohibir el alquiler vacacional en suelo residencial en zonas turísiticas", aunque deja la puerta abierta a que tanto los cabildos como los ayuntamientos puedan establecer sus particularidades en sus islas o municipios. Unas excepciones con las que se pretender respetar las "competencias territoriales y urbanísticas" de estas administraciones, dejando claro que por jerarquía urbanística, primará el criterio de los cabildos en caso de disparidad de criterios con los ayuntamientos.

Además, es una norma que busca evitar el crecimiento desordenado de la actividad turística, con una realidad que en la actualidad refleja que "de las 131.000 viviendas vacacionales que existen en las Islas, sólo 6.600 están autorizadas". Por ello, Castellano, ha comentado que el objetivo del Gobierno es "actualizar" la normativa, ayudar a garantizar el acceso a la vivienda de los residentes y apostar por la "sostenibilidad y calidad".

El borrador de decreto establece también diferencias entre los propietarios, ya que los que posean tres o más viviendas tendrán categoría de actividad profesional y deberán contar con trabajadores y un equipamiento mínimo, al igual que las casas rurales. Asimismo, se establece que debe haber operativo un teléfono 24 horas para registrar incidencias. En cuanto a las plataformas digitales, el borrador de decreto establece que las viviendas en oferta deben contar con el número de registro y si se detecta alguna plaza irregular, deberán ser eliminadas en un plazo máximo de seis meses.

El texto, que se somete ahora a un periodo de información pública de un mes, deberá contar también con los informes favorables de distintos departamentos del Ejecutivo y del Consejo Consultivo para ser aprobado definitivamente en Consejo de Gobierno a final de año.

Catorce inpectores

Para llevar a cabo la aplicación del decreto, la Comunidad Autónoma cuenta con una plantilla de 14 inspectores, que se apoyarán en un futuro plan de inspección turística que atenderá "de forma "destacada" al alquiler vacacional. El consejero ha incidido también en que el decreto no toma medidas sobre las comunidades de propietarios porque la ley de propiedad horizontal es competencia del Estado, y ha resaltado la intención de la Comunidad de convocar una mesa de trabajo entre Comunidades y el Estado.

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