Sociedad

Bizkaia detecta un "fraude social mínimo" de casi un millón y medio

Diputación Foral de Bizkaia

Bilbao

"El fraude es mínimo, se reclama y se recupera" es el titular que dejaba en diputado general esta mañana al presentar el balance de los primeros ocho meses que lleva en marcha el Plan General de Inspección y Control de Servicios y Prestaciones Sociales 2017-2019.

Desde septiembre de 2017 la Diputación Foral de Bizkaia ha confirmado que "sólo se produce un 1% de cobros indebidos de las prestaciones sociales" lo que supone un importe de 1,4 millones de euros que según confirma Unai Rementeria, "se reclama y se recupera".

De las 30.000 inspecciones realizadas, se han detectado 42 incidencias en 31 centros de servicios sociales, de los 399 autorizados del territorio, pero ninguna de ellas relacionadas con la atención y cuidados provistos a las personas usuarias.

En este apartado Isabel Sánchez Robles, diputada de Acción Social, ha remarcado el crecimiento "intenso y no previsible" de la demanda de menores extranjeros no acompañados. "Una situación extraordinaria requiere de medidas extraordinarias, hemos abierto 7 nuevos centros, pero la demanda sigue siendo intensa y constante" concluía la diputada y añadía Rementeria una petición al Gobierno Central para tomar las medidas necesarias para una "justa distribución" de estos menores.

También se ha hecho un seguimiento de 2.138 personas beneficiarias de la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar, que representan el 15% del total de personas perceptoras en Bizkaia, y se han detectado 54 incidencias.

Y en cuanto a los convenios y subvenciones se ha efectuado la revisión de subvenciones concedidas por importe total de 24.371.012 euros y se ha procedido al reintegro de 44.847 euros en favor de la Diputación Foral de Bizkaia.

El diputado general ha afirmado que las inspecciones reflejan que los servicios sociales de Bizkaia "funcionan bien" y que el "fraude es mínimo", ya que en muchas ocasiones las irregularidades obedecen a falta de comunicación de datos o a cambios en la situación del beneficiario, lo que lleva a pensar que "a priori no hay intención de engañar", aunque, en cualquier caso, según ha dicho Rementeria, "hay que ser implacables en impedir que nadie engañe a la sociedad".

 
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