El "caso Serrallo" termina por dinamitar el PP de Granada
El exalcalde Torres Hurtado y los concejales de la junta de gobierno, incluídos seis del actual grupo popular en el Ayuntamiento de la capital, se sentarán en el banquillo
Parte de los concejales del grupo del PP en el Ayuntamiento de Granada: Rocío Díaz (revisando un expediente) y Fernando Egea, Juan García Montero y Telesfora Ruiz, justo antes de comenzars un pleno / Rafael Troyano
Granada
La apertura del juicio oral por el caso Serrallo termina de dinamitar el grupo actual del PP en el Ayuntamiento de Granada. La jueza ha decretado la apertura de juicio contra el exalcalde Torres Hurtado y contra los concejales que formaban la junta de gobierno en 2012, lo que supone llamar al banquillo a seis de los actuales concejales populares: María Francés, Telesfora Ruiz, Juan Antonio Fuentes, Juan García Montero, Francisco Ledesma y Fernando Egea.
El grupo del PP, ya de por sí dividido entre los fieles a Torres Hurtado y los seguidores de Sebastián Pérez, se ha reunido de urgencia y se esperan decisiones drásticas en las próximas horas, después de que el líder regional popular, Juanma Moreno, anunciarse la aplicación de los estatutos cuando se produjese este paso.
El caso Serrallo, que investiga el supuesto trato de favor al empresario García Arrabal para la construcción de la zona de ocio exterior del centro comercial, llega a juicio e implica a los actuales concejales populares a pesar de que tanto el fiscal como el propio Ayuntamiento de Granada pidieron dejarlos fuera del caso.
El fiscal si pide 8 años de cárcel, 36 años y medio de inhabilitación y multa de 522.000 euros para el exalcalde Torres Hurtado, la exedil de Urbanismo Isabel Nieto y para el técnico Manuel Lorente. Para Arrabal pide 8 años de prisión y 8 de inhabilitación. En total se sentarán en el banquillo 17 personas entre políticos, técnicos y empresarios.
La portavoz del PP en el Ayuntamiento Rocío Díaz pide prudencia. Rocío Díaz, en cualquier caso, dice que los estatutos del partido están ahí. De aplicarse, supondría la suspensión de militancia de los ediles.
