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Huelgas sectoriales

Suspendidos 20 juicios y 15 declaraciones penales en Palencia

El 85% de Jueces y Fiscales de Palencia ha secundado la huelga que califican de histórica

Jueces y Fiscales palentinos a las puertas de la Audiencia / Beatriz Alvarez

Palencia

La huelga de Jueces y Fiscales en Palencia alcanza el 85% de seguimiento. De los 15 Jueces de Palencia llamados la huelga 13 la han secundado, en el caso de los fiscales, de los 10, a excepción de los que realizan servicios mínimos, todos ellos también la han secundado y en el Registro Civil tan sólo se pueden realizar actas de nacimiento o defunción, sólo los 5 Magistrados de la Audiencia Provincial se han mantenido en sus puestos. Hay que tener en cuenta que por su condición la Legislación Española no reconoce a Jueces, magistrados y Fiscales la posibilidad de hacer huelga y el Consejo General del Poder Judicial tampoco ha reconocido los servicios mínimos que han sido adoptados por los propios jueces y fiscales para atender las necesidades básicas de los ciudadanos.

La Justicia en Palencia, al igual que en buena parte de España, ha parado en protesta por lo que consideran su situación como decimonónica y artesanal. Acusan a los sucesivos gobiernos nacionales de no haber afrontado la situación por la que atraviesa uno de los pilares básicos del estado, "porque no da votos" y han querido recordar que prácticamente toda la sociedad pasa alguna vez en su vida por algún trámite relacionado con la Justicia y que incide de lleno en su calidad de vida. Tan sólo el 1,15% del total de los Presupuestos Generales del Estado se destinan a la Justicia.

Han querido denunciar la falta de inversiones en Justicia para su modernización, la falta de personal, con la mitad de jueces que el resto de Europa y con mayor litigiosidad, falta de personal, de medios materiales y tecnológicos, falta de tiempo, acúmulo de trabajo, despolitización del CGPJ, creación de juzgados suficientes, dignificación para los nuevos jueces y fiscales, supresión de la quinta categoría de fiscales, derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que no delimite a 6 meses el período de instrucción si no se quiere seguir favoreciendo a los imputados. Unas reivindicaciones que no terminan aquí que seguirán pidiendo hasta que el Gobierno les tenga en cuenta.

 
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