Cámara se empeñó en que el convenio Nueva Condomina "tenía que salir adelante sí o sí", según el Fiscal
Cadena SER
Murcia
La fiscalía ha vuelto a pedir hoy la pena de inhabilitación para el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara y 2 exaltos cargos de Urbanismo por prevaricación administrativa en el convenio Nueva Condomina y las defensas han pedido la absolución tras señalar que no hay indicios para ello.
El letrado del exsecretario general del PP murciano y exregidor durante 20 años ha pedido que se deduzca testimonio contra el exedil de Urbanismo Ginés Navarro y el exportavoz municipal del PSOE José Salvador Fuentes al creer que mintieron al declarar como testigos en el juicio por presuntos perjuicios para el ayuntamiento en el convenio para levantar el nuevo estadio de fútbol del Real Muurcia.
En la última sesión del juicio que comenzó el pasado día 9, el exdirector de Urbanismo Pedro Morillas ha acusado al instructor de la causa, David Castillejos, y al fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, de haber dañado irreparablemente su prestigio, cuando es inocente.
Lozano, que ha abierto la posibilidad de que Cámara pueda ser condenado como autor o inductor y Morillas como inductor o cooperador necesario, ha responsabilizado de los hechos al primero, del que ha llegado a decir que desde el primer momento se planteó que el convenio urbanístico para la construcción del estadio "tenía que salir adelante sí o sí", para lo que se ocupó de remover los obstáculos que iban surgiendo.
Ha añadido que el exregidor estuvo tan volcado desde el inicio en apoyar el proyecto de Jesús Samper, dueño del club, que no prestó la menor atención al de otra empresa, que había ofrecido 24 millones de euros por la construcción del estadio.
El fiscal ha dicho que no se pueden encargar los proyectos a dedo, que tienen que salir a pública concurrencia, lo que le ha servido para comparar lo juzgado con lo que mantiene imputado al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez.
Ha añadido que se mantuvo el secretismo en torno al protocolo que fue el origen del convenio y que en torno a estos temas se actuó a espaldas de Navarro.
Ha calificado al exportavoz socialista de "hooligan" del proyecto de Samper y señalado que el convenio no fue precedido de los informes jurídicos y económicos precisos y que los intereses generales se pusieron a disposición de ese promotor, ya fallecido.
Ha comentado que al proporcionarle la vía B, las arcas municipales perdieron 18 millones por no exigir a Samper la entrega del 10 % de los aprovechamientos urbanísticos, aunque parte de esa suma fue recuperada luego.
Para el fiscal, no hay duda de que la prevaricación por la que acusa "está absolutamente acreditada", por lo que ha reiterado su solicitud de 10 años de inhabilitación para Cámara y Morillas y 8 años y 7 meses para el tercer imputado, el exjefe de Planeamiento Joaquín Peñalver.
Uno de los letrados del exalcalde, José María Caballero, ha dicho que el convenio y otros acuerdos no fueron decisiones personales de su cliente, sino adoptados por órganos colegiados, como el pleno de la corporación, por lo que resulta extraño que no se haya acusado también al resto de ediles que votó a favor.
El también abogado de Cámara Vicente San Martín ha hecho hincapié en el diferente trato del fiscal ante dos casos semejantes al comparar este con otro en el que acordó el archivo de unas diligencias informativas abiertas contra una exregidora de Lorquí por haber perdonado la entrega de ese 10 % ciento.
En ese otro caso, ha comentado, entendió que era un tema administrativo, y en este, penal, "cuando la única diferencia era que la alcaldesa era, precisamente, socialista".
Al pedir que se dedujera testimonio contra Fuentes Zorita y Navarro, ha explicado que este último de manera especial faltó a la verdad cuando dijo que había visto "cosas raras" en el convenio, cuando en su día no solo no hizo observación alguna en los órganos correspondientes, sino que fue el encargado de defender los planes urbanísticos en el pleno.
Jaime Peris, defensor de Morillas, ha dicho que este es "el más claro ejemplo de una causa general sin que se cuente no solo con ninguna prueba, sino ni siquiera con indicios", y ha reprochado al fiscal que hable de un delito continuado y proponga al mismo tiempo la acusación como cooperador necesario o como inductor.
El abogado de Peñalver, José Pardo Geijo, ha dicho no entender el escrito de acusación del fiscal, "que no hay por dónde cogerlo", y que "es una pena" que se haya perdido el tiempo y gastado fondos públicos en mantener un pleito que carece de base.
Cámara ha dicho que todos los temas urbanísticos de tramitaron de igual forma y que el convenio de Nueva Condomina y el plan parcial correspondiente no fue una excepción.
Ha explicado que cuando se refiere a los funcionarios municipales no es porque quiera descargar en ellos la responsabilidad de sus decisiones, sino porque en cumplimiento de sus obligaciones son los encargados de emitir los informes necesarios y tienen un prestigio y una competencia reconocidos por todos.
Morillas ha dicho que actuó en defensa del interés general, como demuestra que exigiera a Samper un aval de 24 millones para garantizar la construcción del estadio y que pagara la de los accesos.
Peñalver, que ha dicho no saber por qué estaba allí, ha criticado al exfiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, y concluido que la injusticia cometida alcanza proporciones descomunales.
