Protestan contra la continúa agonía del servicio público de Correos

Granada

Las secciones sindicales de UGT, CCOO, CSIF y Sindicato Libre en Correos de Granada han anunciado hoy la convocatoria de dos horas de paro el próximo 7 de junio, que se celebrarán en las dos últimas horas de la jornada laboral (dependiendo del horario de cada oficina), así como una concentración a las 13,30h. en la sede provincial de Correos, en Puerta Real, por el nuevo recorte presupuestario de 60 millones de euros previsto por el Gobierno en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 en la empresa postal pública, que se une a los 120 millones que ya se redujeron el año pasado.

Según han explicado en rueda de prensa José Carlos Gallardo (UGT), Dolores Carrión (CSIF), Juana Mª Garrido (CCOO) y Francisco Reyes (SINDICATO LIBRE), todos ellos representantes sindicales en Correos de Granada este nuevo recorte presupuestario ha llevado a los sindicatos a programar un calendario de movilizaciones ascendente que previsiblemente acabará con una huelga general antes de finales de año. Los portavoces de los sindicatos han denunciado la reducción de 180 millones de euros en dos años consecutivos y calificado como una "tomadura de pelo" que se congele la financiación a Correos mientras el Gobierno "se llena la boca" y los políticos aseguran que España se encuentra en un momento de crecimiento económico.

Esos recortes, según han dicho, han provocado en la provincia de Granada el cierre durante los últimos años de una de cada cuatro oficinas auxiliares en la provincia, al tiempo que ha incidido en que sólo Granada ha absorbido prácticamente el 50% de las oficinas que se han cerrado en toda Andalucía, una dinámica de recorte que afecta también a las condiciones laborales de la plantilla, con temporalidad y precariedad en los contratos. Han abogado además por recuperar los más de 1.100 empleos que existían en la provincia antes de la crisis, 300 de ellos indefinidos, y para dar impulso también al servicio postal en el medio rural, cuya población ha pasado a ser ciudadanía de segunda al no recibir las cartas con la misma puntualidad que quienes viven en el centro de la capital.

Además, han añadido que han aumentado los contratos de jornada parcial y los 'minijobs' (contratos de baja remuneración y pocas horas semanales), así como los dimensionamientos de secciones, los recortes de personal, la sobrecarga de trabajo y la precariedad laboral. Otro de los problemas es que la plantilla tiene una edad media elevada y las jubilaciones también suponen la destrucción del empleo.

Con todo, consideran que es imposible que la empresa pueda ofrecer un servicio de calidad, y afirman que el Gobierno aprovecha para desprestigiar a la empresa el incumplimiento de los plazos de entrega que se debe a que no dispone de suficientes empleados, manifestado también que una de las características de Granada es que los carteros hacen mucho kilometraje y, además de sufrir la congelación de su salario, utilizan su vehículo propio y asumen el coste de la gasolina.

A juicio de los representantes sindicales, el motivo de la reducción de la financiación del servicio es la voluntad del Gobierno de privatizarlo y, aunque son conscientes de que el envío de cartas cada vez es menor, ha instado a buscar otros nichos de mercado como el transporte de paquetería, del que sólo un 15 por ciento corresponde a la empresa postal pública.

También han recordado que en junio de 2017 los sindicatos mantuvieron una reunión con el Ministerio de Fomento para poner en marcha un Plan Estratégico, pero no han cumplido lo que han prometido. Además, ha asegurado que en otros países europeos se ha apostado e invertido en el servicio postal, con el que ganan dinero, por lo que es posible que siga siendo público.

Han concluido explicando que las tres reivindicaciones de los Sindicatos son una financiación adecuada para el Servicio Público Postal, un plan estratégico para que la empresa sea competitiva y solvente, y el desbloqueo del convenio colectivo y el acuerdo laboral con los funcionarios, que llevan paralizados desde 2013.