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Vivienda

El Consell reclamará responsabilidad social al Sabadell en el caso de los vecinos de Cala de Bou

Solvia, la inmobiliaria de la entidad bancaria, asegura que no dejará sin vivienda a los clientes vulnerables

Ibiza

El Consell de Ibiza reclamará responsabilidad social al Banco de Sabadell en el caso de los vecinos de Cala de Bou que podrían ser desahuciados por la entidad bancaria. La vicepresidenta primera, Viviana de Sans, se ha reunido con los inquilinos de un bloque, que han alertado de posibles malas prácticas por parte de Solvia, la inmobiliaria del Banco de Sabadell. 

Imagen de archivo de la sede del Consell

Imagen de archivo de la sede del Consell / Cadena SER

Imagen de archivo de la sede del Consell

Imagen de archivo de la sede del Consell / Cadena SER

Por su parte desde el Banco Sabadell aseguran que son una entidad comprometida con la problemática de la gestión social  de la vivienda y que mantienen el "firme compromiso de no dejar sin vivienda a los clientes vulnerables o en riesgo de exclusión social, inmersos en procesos de ejecución hipotecaria o dacián en pago, ofreciéndoles una solución habitacional".  Destacan también que los inquilinos no se han quedado sin suministros y que los contratos de alquiler son los realizados por el anterior propietario y Solvia se ha subrogado. Apuntan que los inquilinos con contrato en vigor pueden ejercer su derecho a compra al precio establecido por contrato.

Solvia aclara que en el bloque de Cala de Bou hay 28 viviendas de las que 19 están con inquilinos y otras 7 con okupas con demanda de desahucio debido a que no están en situación de vulnerabilidad y 1 con una inquilina a la que se le ha acabado el contrato. Destacan que no ha interpuestas más demandas de desahucio a los inquilinos al corriente de pago. En cuanto a la situación de la inquilina en impago, apunta que está en estudio con el fin de encontrar la mejor solución.

Desde Solvia destacan que se pusieron en contacto con la Consellera tras recibir una peticiópn por su parte y se le indicó que iban a buscar la solución más equitativa por ambas partes.

 Por su parte De Sans ha pedido la inmobiliaria "responsabilidad social" y que se abra a "buscar alternativas para que ninguna familia quede en la calle".

Desde el gobierno insular apuntan que ha habido casos en los que no se ha permitido a los inquilinos ejecutar la opción de compra a la que tienen derecho, se ha aumentado el precio de tasación los pisos de manera unilateral o no se pusieron los contadores del agua a su nombre cuando adquirieron los pisos, por lo que los inquilinos viven pendientes de cortes de suministro en cualquier momento.  Desde la inmobiliaria  aseguran que están en contacto con la compañía de suminsitro de agua para solucionar un aspecto administrativo relacionado con la titularidad de los mismos, pero que no debería haber problemas en este aspecto.

Los vecinos que se encuentran en esta situación viven en un bloque de 44 viviendas. De estos pisos, 28 son propiedad de Solvia y 19 de ellos están habitados por varias familias que incluyen hasta 11 niños menores de 10 años. Los otros pisos están vacíos o tienen okupas.

 

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