El dueño de Funnydent pide a la juez recuperar el control de las clínicas
No es la primera vez que el dueño de las clínicas solicita a la magistrada recuperar el control de Funnydent en sustitución de la administración judicial, todas ellas sin éxito
Fachada de una de las clínicas Funnydent / Chema Moya/EFE
Móstoles
El dueño de las clínicas dentales Funnydent, Cristóbal López Vivar, ha pedido a la juez que destituya a los administradores únicos de las clínicas, nombrados por el juzgado, al haberse incoado una investigación penal contra ellos, para que sea él quien asuma el control de las empresas.
En un escrito, fechado el pasado día 17 y al que ha tenido acceso Efe, el letrado de López Vivar -quien acaba de renunciar a su defensa- solicita a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero "el inmediato cese de Gabriel Rafael Segura y David Mateo López" para asumir en su lugar la administración de las clínicas.
Lo haría, señala, "bajo la estricta supervisión" de la juez, "a quien deberá informar del estado de las mercantiles y de las gestiones tendentes a la salvaguarda del patrimonio empresarial".
Según recoge su escrito, los administradores judiciales han sido imputados por los delitos de administración desleal, apropiación indebida y estafa, "por lo que no debe permitírseles que continúen ejercitando la administración de las mercantiles".
López Vivar considera que la continuidad de los administradores en su función "podría ocasionar un claro perjuicio a las entidades administradas, -e igualmente a los afectados-, algo totalmente contrario y que agrava, precisamente, el peligro cuya evitación se persigue a través de la administración judicial".
No es la primera vez que López Vivar solicita a la magistrada recuperar el control de Funnydent en sustitución de la administración judicial, todas ellas sin éxito.
La Audiencia de Madrid ha obligado a la juez de Navalcarnero a reabrir la causa y a practicar una serie de diligencias, al entender que hay indicios de delito por parte de Cristóbal López Vivar, denunciado por estafar presuntamente 8,8 millones a más de 2.400 pacientes, y poner en duda las conclusiones de un informe de la administración judicial en el que no se detectan irregularidades en las cuentas.
Pero la magistrada, que archivó la causa al no apreciar indicios de estafa sino más bien de "una pésima gestión empresarial" del investigado, todavía no hay practicado ninguna diligencia de las ordenadas ni ha señalado fecha, afirman a Efe fuentes jurídicas.
