El uso "inadecuado" de las transferencias de financiación "dejó fuera de control" 800 millones de euros

Sevilla

Rocío Marcos, exinterventora general de la Junta tras la marcha del exinterventor acusado en este juicio de la pieza política de los ERE, ha acabado reconociendo, a preguntas del fiscal Anticorrupción, que la fórmula usada para pagar ayudas socio laborales y directas a empresas entre 2001 y 2010 “dejó fuera de control” casi 800 millones de euros. Cosa que “se manifestó” de manera “clara y palmaria a partir de 2005”, cuando se elaboró el llamado informe adicional que hablaba del “uso inadecuado” de las transferencias de financiación de Empleo a IDEA para pagar las subvenciones investigadas.

Marcos comparte la opinión de su antecesor, el acusado Manuel Gómez, de que usar las transferencias para ese fin era “inadecuado” e “irregular” y causaba un “ángulo muerto” que hacía imposible el control y provocaba un desfase presupuestario en la agencia IDEA, que se encargaba de pagar. La interventora ha explicado que las transferencias no son una figura ilegal, que la presupuestación que se realiza de ellas es “correcta” porque están codificadas en el presupuesto y asociadas a un programa. Otro asunto es que están “mal empleadas”.

La testigo considera que esa información sobre el uso inadecuado de las transferencias para pagar las subvenciones de Empleo también estaba clara en los informes sobre control financiero permanente, que se realizaba a la Agencia IDEA, dependiente de la consejería de Innovación.

“Mi opinión es que las transferencias no pueden contener objetos concretos, que es lo que pasaba aquí”, ha manifestado. Y en otro momento del interrogatorio ha señalado que debían usarse para financiar las actividades de la empresa pública como establece la Ley de Presupuestos, “en contraprestación a los encargos de ejecución que están para financiar otras cosas”.

“¿Puede causar sorpresa que aparezcan intrusos con el conocimiento de que no había requisitos de concesión de las subvenciones?” ha interrogado el fiscal. “No se imaginó nunca. No imaginamos que hubiera una desviación de fondos”, ha respondido la funcionaria. “De esto surgió una preocupación grande y claro que lo hablamos con la consejera (Carmen Martínez Aguayo, consejera de Hacienda cuando apareció el primer intruso en un ERE a finales de 2010). Pero no me acuerdo exactamente qué. Estaban suspendidos pagos de las pólizas, se había abierto una información reservada y se nos suscitó a todos la preocupación. Pero no recuerdo los términos de la conversación”, ha declarado ante las preguntas insistentes del Ministerio Público.

En este primer juicio de los ERE están acusados los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos, como los exconsejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Carmen Martínez Aguayo. La Fiscalía Anticorrupción les imputa supuestos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos.