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Pedro Villarroel demanda al Levante UD

Según ha podido confirmar la Cadena SER, el expresidente reclama 1,2 millones de euros al club granota

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El expresidente del Levante, Pedro Villarroel Guzmán presentó, el pasado 22 de marzo de 2018, una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia Número 15 de Valencia contra el Levante Unión Deportiva y a la que ha tenido acceso la Cadena SER.

La reclamación judicial interpuesta por COFISER S.L, que fue durante muchos años la empresa titular de la mayoría de las acciones del club, considera que el Levante UD S.A.D. no ha respetado el acuerdo adoptado ante notario el 18 de septiembre de 2009 y le exige el pago inmediato de 1,2 millones de euros.

La Administración Concursal, como representante legal del Levante en aquel momento, estipuló en una de las cláusulas de la escritura, que Pedro Villarroel renunciaba al derecho de opción de compra que le correspondía sobre la totalidad del paquete de control accionarial que el club había adquirido en autocartera.

Del mismo modo, en el documento elevado a público, se determinó que Villarroel recibiría como compensación económica 1,2 millones de euros, que el Levante le abonaría en el momento en el que llevase a cabo la recalificación del estadio Ciutat de Valencia o si en el plazo de tres años, desde el momento de la firma, no se habían iniciado los oportunos procedimientos administrativos para obtener dicha recalificación.

Los abogados de Pedro Villarroel consideran que se han superado todos los plazos establecidos y que, como quedó reflejado en el acuerdo suscrito entre las partes, la cantidad aplazada es líquida y exigible.

No obstante, con anterioridad a la presentación de la demanda, los letrados de Villarroel enviaron al club un burofax reclamando la deuda en enero de 2016, han mantenido reuniones con el presidente Quico Catalán e incluso con el miembro de la Comisión de Seguimiento de la Administración Concursal sin haber logrado un acuerdo que esquivase la interpelación y que si nadie lo remedía terminará en poco meses en un juicio civil. 

CAMBIO DE RUMBO URBANÍSTICO

Para entender el objeto de la demanda presentada hay que remontarse a la primavera de 2009, en la que las 93.254 acciones de COFISER S.L. y que previamente habían sido adquiridas a título individual por Julio Romero pasaron sorprendentemente a las manos de Jesús Serna, un constructor de Tomelloso y que fue presidente de la entidad granota por accidente.

En aquel instante, el Levante estaba intervenido por la Administración Concursal, que decidió suspender el 7 de abril de 2009 las facultades del Consejo presidido por Jesús Serna y que dos semanas más tarde eligió a Quico Catalán como director general para que dotase de coherencia y normalidad a un club de futbol que estaba al borde la liquidación.

La Administración Concursal y Quico Catalán entendieron que la mejor fórmula, para evitar ‘el pasamanos’ en el que se había convertido la sociedad, era adquirir en autocartera (9 junio 2009) el paquete de control accionarial.

Tras la renuncia de Villarroel al derecho de opción de compra, las acciones se depositaron en una nueva Fundación creada para tal efecto y que las compró (18 diciembre 2009) gracias a un préstamo bancario por valor de 5,6 millones de euros y avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas.

El Levante, que deportivamente acababa de descender a Segunda división, se enfrentaba a un convenio durísimo con sus acreedores, que aceptaron una quita de 32.4 millones para garantizarse el cobro de 61,3 millones de euros, que fue la cantidad definitiva en la que se estableció la deuda.

El plan estratégico para devolver ese dinero pasaba por una inmediata recalificación de la parcela de uso deportivo en la que se encuentra el estadio Ciutat de Valencia y con el único propósito de ser vendida por un precio mínimo de 70 millones de euros (según la tasación que recoge la memoria del club de 2014) tras un cambio de calificación urbanística

Con esa venta, el Levante cumpliría con los pagos a sus acreedores y a su vez podría construirse un nuevo estadio para 15.000 espectadores en otro emplazamiento de la ciudad, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Valencia con el que suscribió un convenio de colaboración en octubre de 2010.

La excelente trayectoria deportiva del equipo en los años sucesivos a la firma del convenio, con un ascenso inesperado a Primera división y la histórica clasificación para jugar la Europa League en junio de 2011 motivaron un cambio de rumbo.

El Levante atendió todos los compromisos de pago con sus acreedores sin la necesidad de activar la documentación de carácter administrativo requerida para ejecutar el Programa de Actuación Urbanística de iniciativa pública y abandonó la idea primitiva de construir un nuevo estadio.

Sin embargo, los abogados de Villarroel acreditan en la demanda que no fue hasta el 27 de marzo de 2015 cuando el Levante recuperó la condición de 'agente urbanizador', requisito juridico indispensable para ejecutar la acción urbanistica recalificadora objeto del convenio firmado con el consistorio y que permitiera sustituir el primer PAI llamado ‘Estadio Levante UD’ del año 2006 por otro novedoso denominado ‘Ciutat de València’.

Durante el primer PAI el agente urbanizador era una empresa privada ‘Valencia Natural Park S.L.’ y hasta la primera de 2015 el club granota no cumplió con las obligaciones legales exigidas para la nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbana que le permitiera tramitar con celeridad la recalificación.

Por lo tanto, los letrados consideran que se han cumplido hasta dos circunstancias para exigir el cobro de la deuda y que califican como erráticas, por haber superado en mucho los tres años estipulados en el acuerdo y negligentes, por no haber tramitado correctamente la documentación que pusiera en marcha en el año 2010 la recalificación de los terrenos del estadio Ciutat de Valencia.

José Manuel Alemán

Redactor de Deportes en Radio Valencia

 
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