Más de 200 opositores a personal de servicios de la Junta piden la anulación del examen
UGT denuncia que el examen fue de tal dificultad, que ni técnicos superiores, ni juristas lo aprobarían
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Palencia
Más de 200 opositores que se presentaron al examen de Personal de Servicios de la Junta de Castilla y León, celebrado el pasado domingo, piden que se anule la prueba por su excesiva dificultad y que se realice un nuevo examen acorde con los requisitos de titulación y funciones.
La Federación de Servicios Públicos FSP-UGT registrará mañana en la Delegación de la Junta en Palencia más de 200 reclamaciones dirigidas a la Viceconsejería de Función Pública y al Procurador del Común pidiendo que se anule el examen para acceder a la Competencia Funcional de Personal de Servicios, celebrado el domingo 3 de junio.
FSP-UGT de Palencia ha manifestado, a través de un comunicado, su "rotundo rechazo" a este examen al que se presentaron 19.000 aspirantes para 384 plazas y ha asegurado que el número de reclamaciones se incrementará ante el "malestar" de las personas que se presentaron a la prueba.
El sindicato ha asegurado que los opositores se han sentido "engañados, ninguneados e insultados", ya que todo el esfuerzo, personal, familiar y económico que han hecho para poder acceder a una plaza en la Administración Pública, se ha venido abajo con este examen, que, según UGT está "a todas luces fuera de lugar".
UGT ha explicado que la categoría de Personal de Servicios está encuadrada en el grupo V del Convenio Colectivo, el más bajo, en el que se integran los puestos que ejecutan operaciones básicas, con un alto nivel de dependencia, que requieren preferentemente esfuerzo físico y un nivel de formación básico, certificado de escolaridad o equivalente. Las funciones que realiza este personal son básicamente de limpieza, lavado, costura y planchado y el sueldo de esta competencia funcional ronda los mil euros.
"Sin embargo el examen fue de tal la dificultad, que ni técnicos superiores, ni juristas lo aprobarían", ha asegurado UGT, incidiendo en que las preguntas eran "farragosas" y de nivel muy superior a la titulación que se exigía a estos opositores, y que además, muchas no tenían nada que ver con las funciones que tienen que realizar estos trabajadores.
Por todo los reclamantes solicitan a la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, como convocante del proceso, y a la Consejería de Educación, como responsable, que dada la dificultad de la prueba se proceda a su anulación y se realice un nuevo examen acorde con los requisitos de acceso en cuanto a titulación y funciones establecidos en el convenio colectivo
