Los "secretarios judiciales" reclaman más medios y formación en la lucha contra la corrupción

Valladolid

"Graves carencias". Éste es el problema fundamental que constatan los letrados de la Administración de Justicia -"secretarios judiciales"- en el funcionamiento diario. Las asociaciones que representan a estos profesionales (Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia y la Asociación independiente de Letrados de la Administración de Justicia), respaldadas por el Colegio Nacional de Letrados, reclaman mejoras en la organización, en el ámbito tecnológico, más medios materiales y personales, un Registro Civil público y un nuevo reglamento orgánico adaptado a las nuevas competencias que han asumido.  

Las funciones que desarrollan  en los juzgados y tribunales son esenciales:"La fe púbica judicial, la dirección exclusiva de las oficinas judiciales en cuestiones técnico-procesales, el impulso de los procesos judiciales mediante resoluciones propias, la decisión final de muchos procesos y la llevanza de la ejecución, entre otras, nos posicionan como garantes del servicio público de calidad que merecen todos los ciudadanos".

Desde la reforma de 2009 estos profesionales han asumido el 80% del trabajo procesal antes de jueces y magistrados. Y ni siquiera hay un reconocimiento retributivo: un letrado de nuevo ingreso percibe un salario de 1.400 euros.

Los letrados reivindican la implantación y desarrollo de la "Nueva Oficina Judicial", bajo la dirección exclusiva de los letrados para obtener una justicia eficiente y un servicio público de calidad. En la protesta en la calle Angustias también se incluyeron demandas en el ámbito tecnológico: 

- Reclamamos la implantación del expediente digital, de forma útil y operativa dotando a la Administración de Justicia de los medios técnicos necesarios para poder desempeñar su función.

- Es necesario compatibilizar los distintos sistemas informáticos de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional.

- Implantación de un sistema de estadística judicial que obtenga datos eficazmente de los programas informáticos de gestión procesal abandonando la extracción manual.

Asimismo, demandan las inversiones necesarias y planificadas que "permitan superar las profundas carencias actuales" con la modernización de las instalaciones. En el ámbito de los medios personales:   

-" Demandamos incrementar la plantilla de Letrados de Justicia, por necesidad estructural, el número de Letrados de la Administración de Justicia debe incrementarse, convocando al menos 250 plazas en cada uno de los próximos cuatro años.

- Consolidar cientos de refuerzos de Letrado de Justicia que están actuando desde hace años.

- Un adecuado sistema de sustituciones debidamente retribuidas, y de nombramientos de Letrados en todos los planes de actuación que se decidan para solventar los incrementos de litigiosidad como ha ocurrido con los juzgados de cláusulas suelo.

- Una inversión adecuada en formación continua jurídica, directiva, y tecnológica."

- Dotación de formación y medios materiales adecuados a todos los funcionarios públicos. Muy especialmente en los casos de la lucha contra la corrupción, ampliando las plantillas, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).

Asimismo, reivindican un estudio sobre las cargas máximas de trabajo y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos laborales y psicosociales. 

- Medidas de protección personal y de la intimidad cuando intervenimos en garantía de los derechos de los investigados como fedatario público, más si cabe en los registros policiales.

- El establecimiento de una regulación clara y adaptada del nuevo Reglamento de protección de datos a Justicia, que garantice los derechos de los ciudadanos y nuestra posición en la organización.

- Las medidas precisas de respeto a nuestra unidad de actuación y dependencia jerárquica como garantía de homogeneidad del funcionamiento de la Justicia y la propia independencia del Poder Judicial que dispone de su propia estructura de Gobierno.