Las discrepancias de Podemos y PSOE evitan que Aguas Cádiz lleve al juzgado a Romaní

Cádiz

Podemos prefería interponer una denuncia, el PSOE planteaba que lo mejor era llevar el caso a Fiscalía y, al final, el Consejo de Administración de Aguas de Cádiz ha decidido entre abstenciones que ni una cosa ni otra.

Las discrepancias entre Podemos y PSOE han provocado que la empresa municipal no lleve al juzgado los pagos que Aguas de Cádiz realizó, cuando Ignacio Romaní era su presidente, al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa (OARSE), presidido por el a su vez director de la tesis del propio Romaní, Carlos Guillén.

Sin embargo, los hechos sí terminarán en el juzgado, ya que Podemos interpondrá como partido una denuncia y trasladará el caso al Tribunal de Cuentas, y el PSOE lo llevará a la Fiscalía.

En el Consejo de Administración de Aguas de Cádiz celebrado este miércoles, el PSOE ha presentado una propuesta para llevar los hechos a la Fiscalía y ha recibido la abstención de Podemos, mientras que Podemos ha planteado interponer directamente una denuncia y ha recibido la abstención del PSOE. El PP, como era de esperar, ha votado en contra ambas propuestas.

La idea parecía clara –llevar esos pagos al ámbito judicial tras el informe de los servicios jurídicos de Aguas de Cádiz en el que se recoge que los hechos pudieron ser constitutivos de, al menos, cuatro delitos-, pero las diferencias sobre cómo llevarla a cabo han terminado por enturbiar el fin previsto del Consejo de Administración de Aguas de Cádiz celebrado este miércoles.

El presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, ha lamentado hoy que el “PSOE haya vuelto a ponerse de perfil” y ha criticado la falta de responsabilidad que se requería en un asunto como éste de los socialistas a tenor del informe elaborado por la asesoría jurídica en el que se aprecian indicios de que los hechos investigados, presuntamente, podrían ser constitutivos de delito de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a ente público a la par que hace referencia a falsificación documental tras la información aportada por la Universidad de Cádiz en su informe de respuesta a las preguntas remitidas por Aguas de Cádiz el pasado mes de abril.

De la Fuente ha precisado que en este informe se proponían tres vías de actuación: llevar la documentación a Fiscalía, la penal y la del Tribunal de Cuentas para que se dirimieran responsabilidades en el caso de que las hubiere. Ha recordado también la contundencia del informe emitido por la Universidad de Cádiz en el que ésta se desvincula de las acciones llevadas a cabo por el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa. La propuesta finalmente no ha salido adelante al abstenerse de la votación el PSOE y oponerse el PP.

Critica que en el Consejo de Administración “el PSOE haya rechazado todas las herramientas judiciales que se proponen al manifestar que únicamente se lleve a la Fiscalía”. En este sentido ha señalado que “no entiendo como los socialistas, como grupo político, se muestra tan proclive a a actuar, luego, a la hora de la verdad en el Consejo de Administración tome decisiones tan tibias y reduzca las líneas de actuación”.

Para Álvaro de la Fuente, “es nuestro deber poner todo esto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes para que dirima responsabilidades en el caso de que las haya y esclarecer en qué y por qué se empleó dinero público en el Observatorio de Responsabilidad Social y en el grupo de investigación referido en las facturas”.

De la Fuente ha lamentado que “los socialistas quieran reducir las vías de actuación que recomienda el informe jurídico a las mínimas posibles reduciendo así los campos de actuación y poniendo trabas a qué de verdad sepamos qué pasó con ese dinero público”.

La consejera socialista María José Rodríguez ha recalcado que “la actuación del presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, y de los demás representantes del equipo de gobierno ha sido esperpéntica”, y sostiene que “tenemos que volver a ser los socialistas los que pongamos sentido común y responsabilidad en los asuntos municipales y los que actuemos en base al bien común de todos los gaditanos, y no con el único fin de seguir generando polémicas, que es para lo único que demuestran tener capacidad”.

“Una vez analizado el contenido del informe jurídico elaborado por los técnicos de Aguas de Cádiz, así como del que ha desarrollado la Universidad de Cádiz, hemos defendido en el Consejo de Administración, que es absolutamente necesario ponerlos en conocimiento de la Fiscalía con el fin de conocer de manera objetiva lo sucedido y determinar la posible existencia de responsabilidades. Además, así garantizamos una actuación en base a la prudencia, la salvaguarda y la seguridad jurídica”, asegura la consejera.

Al hilo, se pregunta que por qué el equipo de gobierno no ha interpuesto ya una querella si es la opción que defendía. “Están mareando la perdiz desde el primer momento. De hecho, los estatutos de la empresa establecen claramente que el presidente está facultado para poner los hechos en conocimiento de los órganos judiciales competentes sin necesidad de acudir al Consejo de Administración”, ha añadido.

Por último, ha remarcado que el PSOE “seguirá actuando de manera responsable y diligente para llegar al fondo de los hechos en favor de los intereses de nuestra ciudad, y no de las polémicas interesadas de las que vive este equipo de gobierno”.

El PP ha lamentado el “espectáculo lamentable” de lo que considera “un paripé”, e interpretan que “nadie quería asumir llevar al juzgado otro informe de Aguas de Cádiz hecho a medida sabiendo lo que hizo la Fiscalía con el que encargó Podemos al actual gerente sobre el corte de agua de Loreto o meter la pata como en Matadero, donde han terminado imputados dos concejales por denuncia falsa”.

“Si alguien quiere ir a los tribunales con insinuaciones, informes hechos a medida o denuncias directamente falsas que vaya a título individual, como presidente de Aguas, y que asuma las consecuencias, porque para eso no necesita autorización alguna”, ha afirmado el PP.

Asimismo, el partido del que es portavoz Ignacio Romaní ha detallado que el presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, y Podemos “han aprovechado que el Patronato de la Fundación de Aguas de cuenta solo con dos representantes de Podemos y uno del Partido Popular para llevar a ese fuero la propuesta que posteriormente no ha logrado aprobar en el Consejo de Administración de Aguas de Cádiz”. No obstante, inciden en que “en el acta de la reunión se evidencian varias irregularidades en esa toma de decisión”.