El rector de la UCLM: “el contrato programa tiene que firmarse antes de septiembre”

Toledo

El Gobierno regional prepara la documentación para sacar a concurso la auditoria auspiciada por las Cortes en la UCLM. El retraso que provoca el procedimiento administrativo, preocupa a la institución académica y no tanto al consejero de educación, Angel Felpeto, que esta semana ha vuelto a afirmar "no hay ningún problema". Se refería así a la implantación de los nuevos grados el curso que viene. No conllevan apenas gasto.

Pero el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado, ha exigido este miércoles al Gobierno regional la firma del contrato-programa "tras más de seis meses de negociación, más lo anterior", porque ha indicado que ya es junio "y el tiempo juega en contra de la UCLM".

A preguntas de los periodistas sobre el momento actual de las negociaciones, Collado ha indicado que han transmitido a la Junta esa necesidad de que se firme cuanto antes el contrato-programa, por un importe suficiente y con un marco temporal amplio "que no sea de uno o dos años".

Asimismo, y tras el anuncio de que la auditoría externa de la universidad regional se podría contratar en septiembre, el rector de la UCLM ha apuntado que el contrato-programa tiene que firmarse antes, al tiempo que ha recordado que no sería necesaria porque la institución académica ya se ha sometido a una auditoría externa por una de las cuatro mejores auditoras del mundo.

"La Junta tiene toda la información porque la auditoría es pública y, además, se la hemos facilitado, por lo que creemos que no es necesaria, pero si la quieren hacer, adelante, no tenemos problemas" ha señalado Collado minutos antes de la inauguración de unas jornadas de investigación joven en la Facultad de Químicas de Ciudad Real.

El Consejo Social de la universidad  pidió de forma explícita en su última reunión que se agilicen todos los plazos el máximo posible, porque el procedimiento retrasa aún más en el tiempo la firma del Contrato Programa. 

Ello puede dar lugar entre otros problemas, a "la dificultad de contratar profesores para el curso próximo". Según fuentes del Consejo Social, las Cortes rechazaron la propuesta de que fuera la misma consultora que realiza la auditoría anual, la que se encargara de la fiscalización extraordinaria.