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Domingo, 15 de Septiembre de 2019

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Podemos y Ganar Cádiz denuncian ante el juzgado los pagos al director de tesis de Romaní

La acción de estos consejeros de Aguas de Cádiz invalida la denuncia del PSOE ante la Fiscalía

El alcalde de Cádiz, José María González, y Álvaro de la Fuente (derecha) en la presentación de una campaña de Aguas de Cádiz /

Los consejeros de Podemos y Ganar Cádiz en Aguas de Cádiz entregarán este lunes en los juzgados de instrucción la denuncia para dirimir responsabilidades penales por los pagos que esta empresa, bajo la presidencia de Ignacio Romaní (PP), hizo a su director de tesis, el profesor de la Universidad de Cádiz, Carlos Guillén. Esta denuncia invalidará la que el pasado viernes presentó en Fiscalía el PSOE por estos mismos hechos. La denuncia de Podemos incorpora a los delitos ya solicitados de prevaricación, malversación, fraude y falsificación el de cohecho.

La denuncia, a la que ha tenido acceso la SER, cuenta con 27 páginas (además de una prolija documentación) y es un exhaustivo relato sobre las cartas y facturas intercambiadas entre 2011 y 2015 por Aguas de Cádiz y Carlos Guillén, además de incorporar algunas de las noticias aparecidas en la prensa durante las últimas semanas sobre este caso.

Esta acción de Podemos y Ganar Cádiz en el juzgado de instrucción supone, en la práctica, anular la que el PSOE presentó el viernes en Fiscalía. Fuentes judiciales han explicado a la SER que si se inicia un procedimiento judicial cesará el fiscal en todas sus diligencias, tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos. El juzgado deberá incoar ese procedimiento y determinar si lo archiva o lo continúa, momento en el que la Fiscalía podrá intervenir.

La denuncia de Podemos y Ganar Cádiz recuerda cómo Guillén solicitó 43.000 euros para una investigación sobre responsabilidad social en empresas públicas en una carta con membrete de la Universidad de Cádiz, y llegó a recibir de Aguas de Cádiz hasta 42.000 euros en cuatro pagos entre 2011 y 2015, sin que se haya podido justificar el destino de ese dinero. Recuerda también que entre esos años Guillén dirigió la tesis de Romaní, que versó, precisamente, sobre el mismo tema.

La denuncia considera que estos hechos pueden ser constitutivos de una malversación de fondos públicos, recogida en el artículo 432 vigente a la fecha de los hechos. "Existen indicios que señalan la posible existencia de comisión de dicho delito en cuanto prevalecen al momento de interponer la presente denuncia, dudas más que razonables sobre la finalidad del importe total de las facturas que fueron abonadas al señor Guillén. Indicios existen además de la irregularidad de la contratación llevada a cabo y de la fiscalización del importe facturado y del objeto de las facturas".

Considera también que pudo haber defraudación a entre público, contemplado en el artículo 436 del código penal, que también fue reformado en 2015.  "Existen indicios de que presuntamente la facturación llevada a Aguas de Cádiz y abonada por esta y la fundación tuviera como objetivo defraudar a fondos públicos, en tanto se usó una apariencia de implicación de la universidad en el servicio contratado y organización de jornadas que no es real, cuando el fin cierto era la desviación de dichos fondos a una asociación de la que se desconoce cualquier dato".  Alerta, además, de que la justificación se hace además" bajo el parapeto de un servicio (informe/evaluación) inexistente en la fecha de los pagos y que no se aporta hasta años después a la empresa y tras requerimiento de ello por parte de la empresa, que además es manipulado por alguno de los implicados en el mismo, y finalmente que está plagado de información inexacta y de escaso interés para la empresa pública que lo contrata".

Suma también el delito de prevaricación, puesto "que el presidente del Consejo de Administración de Aguas de Cádiz, a quién presuntamente iba dirigida las facturas y ordenó el pago de las mismas, era en la fecha de los hechos cargo público y debía precisamente su cargo en Aguas de Cádiz a dicha condición".

La denuncia considera también el delito de falsificación documental, recogido en el artículo 390.2 del código penal, en relación con el 391 y 392. "Existen sospechas de que el Informe aportado por el señor Guillén en mayo de este año a Aguas de Cádiz, así como aportado por este y el señor Romaní a al menos dos medios de comunicación, pudiera o bien estar realizado ex novo, es decir recientemente y tras la publicación en medios de comunicación del abono de las facturas reiteradas. De ser así, estamos ante un documento falso, que quiere dar apariencia de haber sido realizado en una fecha y con una finalidad que no es real, y por tanto consustancial a este delito. Súmese a ello la utilización ilícita que reiteradamente y de forma presunta hace el señor Guillén de la Universidad de Cádiz".

Estos delitos ya estaban recogidos en el informe jurídico elaborado por Aguas de Cádiz, aunque la denuncia de Podemos incorporar uno más, el de cohecho. Está argumentado "en tanto el señor Guillén es personal de la Universidad de Cádiz, y su intervención en estos hechos presuntamente tiene relación con la utilización que de ello hace, y el objeto de las facturas tiene una presunta relación con la tesis universitaria realizada por el señor Romaní que a su vez era a la fecha de los hechos cargo público y ostentaba en tal calidad la presidencia del consejo de administración de Aguas de Cádiz.

Podemos y Ganar Cádiz argumentan en esta denuncia que existía una posible relación entre estos pagos y la tesis de Romaní. "Guillén dirigió la tesis del señor Romaní, titulada "Responsabilidad Social de la Empresa: Un estudio en empresas públicas de Cádiz" que Romaní elaboró y leyó en apenas un año, circunstancia excepcional para cualquier alumno, pero aún más para quién no es que sólo fuera en dichas fechas presidente del Consejo de Administración de ACASA, sino miembro de otros consejos de administración de empresas municipales, Teniente Alcalde del Excmo. Ayto. de Cádiz y alto cargo político del Partido Popular. En definitiva, una persona de la que se presume en aquellas fechas se encuentra sobreocupada, no obstante lo cual elabora y lee una tesis doctoral en un tiempo récord".

También resalta "que la tesis del señor Romaní trata un tema directamente relacionado con el objeto y causa de las facturas que fundamentan dicha denuncia: la Responsabilidad Social de la Empresa".

La denuncia pide que sean llamados a declarar como investigados Romaní y Guillén. Está firmada por el presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, y los demás consejeros nombrados por Podemos en la empresa, Sandra Alarcón y Juan García, además de por la también concejala Ana Fernández, en calidad de miembro del patronato de la Fundación Aguas de Cádiz.

 

 

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