Vista para sentencia la causa contra Cándido Chimeno

La Audiencia Provincial ha dejado visto para sentencia la causa por falsedad documental y cobro indebido de pensiones, contra el que fuera jefe de la sección de Unidad de Control de Pensiones de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Zamora, Cándido Chimeno, y contra una amiga de éste, Maricela Martínez, a la que benefició con la manipulación de una ayuda a su favor. Salvo la defensa del acusado, las partes elevaron a definitivas sus conclusiones. El acusado llegó a decir en el juicio que se sentía en parte liberado al haber sido “cazado” en su actividad ilícita.

La acusación de la Fiscalía y la Seguridad Social, consideran probado que el acusado se benefició de la prevalencia de su puesto de trabajo para manipular expedientes y falsear documentos para cobrar indebidamente pensiones o favorecer que las cobrasen otros. En concreto, tras la simple manipulación de sus datos desde el sistema de gestión de la Seguridad Social que él mismo controlaba, rehabilitó la pensión de su abuelo y dirigió su cobro a una cuenta que no había sido cancelada, a pesar de que fallecido en 1993. Además, con la manipulación de datos llegó a elevar al máximo esa pensión, declarándola de gran invalidez. Y también duplicó la pensión de su padre, añadiendo a la que cobraba por derecho del régimen agrario una pensión del régimen de autónomos. Alteró y manipuló los datos para favorecer que su amiga Maricela Martínez, también acusada, se beneficiara de una pensión que no le correspondía. En este caso bajo el argumento de que así cobraría un dinero que le había prestado. El acusado, que alega problemas de alcohol, juego y otros vicios, ha asumido los hechos que se le imputan. Reconoció abiertamente que estaba mal lo que hizo, pero adujo que cualquiera podía haberlo hecho con las propias herramientas de gestión de la Seguridad Social.

Su defensa adujo la petición de una condena por delito especial que evitaría el delito continuado y que dejaría la pena de cárcel entre 2 y 6 años de prisión, por un delito de apropiación indebida.

La fiscalía sostiene para el ex funcionario del INSS la petición de una condena de 11 años por un delito continuado de falsedad documental y otro de disfrute indebido de pensiones. Además, el ex funcionario deberá indemnizar a la Seguridad Social con casi 550.000 euros, y junto a su amiga Maricela Martínez, otros más de 19.000 euros. Por su parte, la acusación de la Seguridad Social aumenta la petición de condena a 12 años por dos delitos de falsedad documental y 6 años por dos delitos de cobro indebido de pensiones. En el caso de la acusada Maricela Martínez, su defensa reclama su libre absolución. Su abogado, Gabino Carro, aduce que no tuvo nada que ver en los hechos.

La Fiscalía, sin embargo, pide 3 años de prisión para Maricela Martínez por cobro indebido de pensiones, y la Seguridad Social eleva esa petición de pena a 6 años.