La Fiscalía archiva la denuncia del juez Alba contra el presidente del TSJC

Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado hoy, lunes, la denuncia en la que el juez Salvador Alba acusaba al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, de haberlo presionado para favorecer al empresario Miguel Ángel Ramírez.

Salvador Alba sostenía que el presidente del TSJC intentó "dirigir" su actuación profesional en la causa por delitos de fraude a Hacienda y contra la Seguridad Social que se sigue contra Ramírez en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, en los meses en los que la instruyó en sustitución de la juez Victoria Rosell.

El Ministerio Público ha encontrado "extraordinariamente vagos e imprecisos" los hechos relatados en su denuncia por Salvador Alba, que "de forma velada", añade, también pretendía atribuir a otros magistrados de la Audiencia de Las Palmas comportamientos que podrían ser constitutivos de delitos de amenaza, coacciones, cohecho y tráfico de influencias (el texto citaba, en concreto, actuaciones y resoluciones de Emilio Moya, Carlos Vielba, Pedro Herrera y Miguel Ángel Parramón)

"La Fiscalía considera que la imprecisión y vaguedad del relato que realiza la denuncia es tal, que haría temerario iniciar una investigación prospectiva en torno a las relaciones que hubieran podido mantener una serie de profesionales de la Administración de Justicia, y ello sin que hubiera el más mínimo indicio de que aquellas relaciones hubieran conducido a la comisión de ilícitos penales", asegura la Fiscalía General del Estado en un comunicado.

El magistrado Salvador Alba presentó esta denuncia después que la Sala de lo Penal del TSJC decidiera abrirle juicio por delitos de prevaricación judicial, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios y revelación de secretos, a raíz de su trabajo como instructor de la causa contra Miguel Ángel Ramírez.

La Fiscalía de Canarias pide diez años de cárcel para el juez Alba en relación con esos hechos, ya que considera que intentó manipular esa instrucción para perjudicar a su antecesora en el caso, Victoria Rosell, que en ese momento era diputada de Podemos en el Congreso.

Salvador Alba no solo defiende su inocencia, sino que dice haber recibido presiones de otros miembros de la carrera judicial por investigar si Victoria Rosell tomó decisiones respecto a Ramírez influida por los negocios que empresas de su grupo habían mantenido con su pareja, el periodista Carlos Sosa (un asunto ya investigado, y archivado, tanto por el TSJC y como por el Consejo General del Poder Judicial)

De hecho, en su escrito al Fiscal General del Estado revelaba que él había sido la fuente que proporcionó a finales de 2014 a la Fiscalía de Las Palmas el contrato de arrendamiento de una licencia de FM que llevó a esta a abrir una investigación de índole disciplinaria sobre Victoria Rosell (también archivada) en plena campaña para las elecciones generales, en las que la juez se presentaba al Congreso por Podemos.

"El señor Doreste ha acudido de forma constante a entrevistarse con este magistrado para presionarme y dirigir mi actuación profesional. Me citaba en alguna cafetería o aparcamiento para transmitirme mensajes para modelar mi actuación procesal", decía Salvador Alba sobre el presidente del TSJC en su denuncia.

Alba alegaba, además, que el empresario Ramírez "goza de influencia en ciertos jueces de Gran Canaria, amigos suyos, a los que ha utilizado para obtener resoluciones favorables en su causa por delito fiscal".