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Objetivo: reducir la pobreza en Navarra a la mitad en los próximos cuatro años

El Primer Plan Estratégico de Inclusión Social se pone en marcha. Necesita 186 millones al año.

El plan contempla más de cien medidas para sacar del riesgo de exclusión a la población más vulnerable. / Pixabay

El plan contempla más de cien medidas para sacar del riesgo de exclusión a la población más vulnerable.

Pamplona

Reducir a la mitad la pobreza en Navarra en cuatro años. Ese es el objetivo que resume la esencial del Primer Plan Estratégico de Inclusión Social presentado por el Gobierno de Navarra. Conseguirlo requerirá invertir unos 186 millones de euros al año en los cuatro próximos ejercicios. "El plan tiene los mejores mimbres para concitar el apoyo de la sociedad y de los partidos políticos", ha dicho el vicepresidente de Asuntos Sociales, Miguel Laparra.

Tras un proceso participativo en el que se han recibido 123 aportaciones, de las que se han rechazado el 27%, y después de recibir el apoyo unánime del Consejo de Bienestar Social, el Ejecutivo foral ha dado el visto bueno a un plan que a su término pretende que la pobreza severa no afecte a más del 4,4% de la población, medido como el 30% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas.

El vicepresidente Miguel Laparra ha remarcado en conferencia de prensa que “se trata de lograr que la mejora económica y del empleo llegue al conjunto de la sociedad navarra de la manera más equitativa posible, que en el avance que está experimentando Navarra no se quede nadie atrás”.

Para ello el Plan plantea en materia de empleo responder a las situaciones más graves de personas en paro de larga duración, donde el empleo es un elemento central de su inclusión socio-laboral, y así se marca como otro objetivo estratégico que el 50% de las personas que cobran la Renta Garantizada tengan la oportunidad de acceder al empleo en un año y el resto, entre quienes estén en condiciones, en dos.

Se trata para Laparra de un reto difícil, por lo que ha apelado para hacerlo realidad a la colaboración de empresas y entidades sociales.

El Plan contempla además una serie de medidas en materia de vivienda, entre la que destaca la aprobación de una nueva ley que reconozca un derecho subjetivo a la vivienda, donde el Gobierno se propone ofrecer una vivienda de alquiler social o apoyo para sufragar el coste de la misma a jóvenes en su proceso de emancipación y a los colectivos más vulnerables.

En Educación, cuya carencia es otro factor de exclusión, el Ejecutivo quiere reducir el abandono escolar temprano por debajo del 8%, cuando en 2017 estaba en el 11,3% en Navarra y en el horizonte de 2020 la UE se ha marcado como reto el 10% y España el 15%.

Otro de los retos del Plan es reducir del 14% al 10% la proporción de jóvenes que entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja.

En Salud el reto es bajar en un 10% las desigualdades encontradas en el estado de salud de los perceptores de Renta Garantizada, sustancialmente peor que el de la población general ya que presentan problemas de diabetes, cuadros depresivos en el 40% de las mujeres mayores de 40 años, sobrepeso y obesidad al no acceder a alimentos saludables, y una mayor incidencia del trastorno mental grave.

Laparra ha destacado que el séptimo objetivo del plan pasa por incidir de manera especial a la hora de aplicar las medidas para el cumplimiento de los anteriores en los colectivos más desfavorecidos dentro de los desfavorecidos, como infancia y juventud, mujeres en hogares monoparentales, extranjeros y población gitana, así como en los territorios donde más incidencia tienen la pobreza actualmente.

El documento presentado supone es primer Plan de Inclusión en 20 años y tiene un carácter transversal por su incidencia en varios departamentos del Gobierno para materializar el derecho a la inclusión social.

De su financiación el vicepresidente ha subrayado que destaca el esfuerzo presupuestario en las políticas de empleo y de mejora de las pensiones de viudedad y resto de pensiones bajas, en detrimento del gasto previsto en renta garantizada por la incorporación laboral de una parte importante de sus perceptores.

Así empleo pasará de un presupuesto de 12,3 millones hoy a 23,1 en 2021, las ayudas a las pensiones de 3,2 en 2016 a 29 en al término del plan y la renta garantizada disminuir su presupuesto en 11 millones.

En el ámbito de incorporación social se prevé pasar de 3,4 a 5,4 millones anuales, en vivienda se invertirán a lo largo del plan 15,8 millones y en Educación 4, con especial atención a los centros educativos con mayores necesidades de apoyo.

 

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