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Lafuente pide cobrar 5.000 euros por el sueldo que dejó de percibir tras su cese

Esta mañana se ha celebrado el juicio entre Lafuente y el consistorio un año después de su despido

Radio Castellón

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El ex director de la Oficina de Proyección y Planificación Económica, Juan Ángel Lafuente, pide en su demanda al Ayuntamiento que se le pague el último mes de sueldo desde que fue cesado hasta que finalizó su comisión de servicios, que ascendería a unos 5.000 euros netos. Esta mañana se ha celebrado el juicio entre Lafuente y el consistorio un año después de su despido.

Juan Ángel Lafuente, profesor de Finanzas y Contabilidad en la Universitat Jaume I y número 8 en la lista del PSOE por Castellón, renunció a entrar como concejal en el gobierno y sin embargo, un año después, fue nombrado por la alcaldesa Amparo Marco para trabajar en Comisión de Servicios cobrando 70.000 euros netos anuales, 30.000 más que como concejal. El objetivo de su trabajo era obtener fondos Europeos EDUSI en la Oficina de Proyección y Planificación Económica. Sin embargo, el Partido Socialista se vio obligado a cesar a Lafuente tras la presión de los grupos de la oposición, PP, Ciudadanos y Castelló en Moviment y de sus socios de gobierno, Compromís, que votaron conjuntamente en un pleno a favor de su despido al considerar que no nombramiento no era ético.

Lafuente denunció al Ayuntamiento y hoy se ha celebrado el juicio. La vista ha durado apenas 7 minutos. El abogado de Lafuente pide que se declare nula su revocación ya que considera que supuso un “menoscabo o detrimento” del prestigio de Lafuente y su cese produjo una apariencia de “descrédito profesional” infundada e injusta. Según el abogado, el acuerdo del cese le causó “indefensión” y no está justificado. Juan Ángel Lafuente ha declinado hacer declaraciones porque considera que este juicio “no tiene relevancia para nadie”. Sin embargo, en la demanda pide percibir el salario correspondiente al mes que no estuvo trabajando, que ascendería a unos 5.000 euros netos. Lafuente fue cesado en junio y en julio terminaba su comisión de servicios, que tenía un plazo de 6 meses.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han defendido en el juicio que el cese está justificado porque fue el cumplimiento de un acuerdo plenario impulsado por la moción de Castelló en Moviment. El juicio ha quedado visto para sentencia.

 

 

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