FCC abre la puerta a posibles despidos
La UTE de limpieza, formada por FCC y GMSM, insta al Ayuntamiento de Vitoria a resolver el contrato de limpieza
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Trabajadores del servicio de limpieza pidiendo la readmisión de sus compañeros en febrero de 2017. Plaza de la Virgen Blanca. / Cadena SER
Vitoria
La UTE de limpieza, formada por FCC y GMSM, está dispuesta a ir a los tribunales si el Ayuntamiento de Vitoria no aprueba la rescisión del contrato. Hace casi un año llegaron a un acuerdo que especificaba que las empresas podrían irse sin pagar indemnización si el Ayuntamiento no actualizaba los precios del contrato de limpieza.
En este acuerdo se interpusieron los servicios jurídicos del Ayuntamiento que señalaron, en dos informes, que no se dan las condiciones legales para aplicar esa rescisión. Ante dichos informes jurídicos, el Ayuntamiento requirió hace unas semanas a la UTE más información sobre los motivos esgrimidos para solicitar la rescisión del contrato.
En ese documento de alegaciones, al que ha tenido acceso la Cadena SER, la UTE de limpieza asegura mostrar su sorpresa por la actitud del Ayuntamiento, al que acusa de actuar con un "palmario desconocimiento" del acuerdo suscrito el pasado 2 de agosto entre ambas partes y "con una inaceptable mala fe".
FCC y GMSM explican que la resolución del contrato de limpieza está expresamente prevista en ese acuerdo de agosto. Las empresas aseguran haberlo respetado hasta ahora, entre otras cosas, readmitiendo a cinco trabajadores que fueron despedidos. Por ello, instan al Ayuntamiento a cumplir su parte. Si no lo hace, la UTE se reserva "el derecho a instar judicialmente al cumplimiento de ese acuerdo". Este nuevo escenario, detallan, daría por finalizado el acuerdo y renacería el conflicto laboral.
La UTE de limpieza adjuntó a ese documento el balance financiero de la contrata de limpieza en 2017. Según sus datos, tienen pérdidas por valor de 2.969.000 euros, que achacan a la partida de gastos de personal. Ahí explican que los resultados no cumplen con las expectativas previstas y sugieren la adopción de medidas urgentes y excepcionales para controlar y reducir los gastos de personal.
Tras estudiar las alegaciones, el Gobierno municipal rechazó ayer la intención de FCC de rescindir el contrato, y ahora la UTE tiene diez días naturales para alegar.
