Castilla y León blinda por ley el apoyo a las personas en riesgo de exclusión

Segovia

La Ley aprobada da cumplimiento a un compromiso del Presidente Herrera y a un compromiso recogido en los acuerdos del Diálogo Social en marzo de 2017. Según Sanz Vitorio constituye un nuevo modelo sustentado en derechos y no en el asistencialismo; pionero en España y asume un modelo de trabajo coordinado, buscando la salida de la exclusión a través del empleo.

Castilla y León es no solamente referente en políticas sociales, ahora también es referencia obligada en la lucha contra la exclusión social de personas y familias vulnerables y blinda por ley el derecho a percibir estas prestaciones.

Los procuradores Juan José Sanz Vitorio y María Ángeles García Herrero explicaron las ocho claves que lo inspiran; para llegar a más personas, mejor y antes:

1. Una red como instrumento permanente

2. Cuatro nuevos derechos subjetivos en el ámbito social: servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria; protección económica frente a situaciones de deuda hipotecaria; prestación económica para alquiler a vivienda habitual; y servicio de provisión inmediata de alimentación. Deben ser atendidos independientemente de recursos y demanda.

3. Recoge, regula y clasifica los recursos

4. Amplía su apoyo y atención

5. Contempla los diferentes miembros que integran la red; tanto los agentes de la red como los colaboradores

6. Mejora el propio funcionamiento a través de una actuación conjunta y profesionalizada

7. Se crea la figura del comisionado de la red y la composición de la comisión de seguimiento de la misma

8. Se establecen medidas de apoyo a la red fuera de la propia red; fondo de solidaridad, planes de inserción; operadores de servicios energéticos…

La ley según los procuradores se apoya en la propia experiencia de la red, que ha permitido atender en 2017 a más de 190.000 personas en la Comunidad, con más de 191 millones de euros de recursos. En Segovia han sido casi 9.000 personas (8.890) con cerca de seis millones y medio de euros destinados.

La previsión para 2018 es atender a 200.000 personas y destinar 207 millones de euros. Según Sanz Vitorio hay que agradecer la implicación de las entidades locales, las del tercer sector (red de lucha contra la pobreza, Cruz Roja, Cáritas, Cermi) y las entidades del Diálogo Social.

Hay que seguir trabajando sin triunfalismos pero hoy Castilla y León según el informe AROPE de 2016 sobre riesgo de pobreza y exclusión, es la Comunidad con la menor tasa de hogares con carencia material severa, y la segunda con menor tasa de niños en hogares con privación material severa.

El objetivo debe ser llegar a más personas, llegar mejor, llegar a más lugares y llegar antes, dotándole de un carácter estable y no coyuntural.