El Supremo rebaja las penas a los responsables legales y financieros del caso Goldfinger

Málaga

El Supremo rebaja las penas a los responsables legales y financieros del caso Goldfinger por la recalificación y urbanización de una parcela que el actor Sean Connery y su mujer tenían en Marbella.

Los hechos probados señalan que la urbanización Malibú se hizo de espaldas a la legalidad y que se tramaron maniobras fiscales por los gestores, dueños y representantes de la empresa que construyó el complejo urbanístico para no pagar el Impuesto de Sociedades simulando pérdidas en la sociedad.

La sentencia del alto tribunal llega, prácticamente, dos años después de que la sección octava de la Audiencia de Málaga condenara a doce personas por este asunto. Entre ellas el exalcalde Julián Muñoz y seis exconcejales del Ayuntamiento de Marbella por las maniobras urbanísticas irregulares. Las penas entre los 9 y los 15 meses de prisión.

Pero el grueso de la condena caía sobre el despacho de abogados que Héctor Díaz Bastien y Luis Juega tenían en este municipio, así como contra el promotor de la urbanización, Ramón Asesio. Cada uno de ellos fue condenado a casi 8 años de cárcel por tres delitos contra Hacienda. La multa individual rozaba los 64 millones de euros,el cuádruple de los 16 millones que habrían defraudado a Hacienda.

El recurso ante el Supremo deja las cosas igual para los concejales pero rebaja las penas a los muñidores económicos y legales de la operación al considerar que uno de los ejercicios fiscales por los que fueron condenados, el de 2005, está prescrito penalmente.

De esta forma el dinero evadido al Estado se fija en algo más de 11 millones de euros y la multa roza los 45 millones. La pena de cárcel pasa a cinco años y dos meses. Héctor Díaz Bastien fue presidente de la Unión Internacional de Abogados, posee la Gran Cruz al Mérito de la Abogacía de España y distinguido por la de Málaga.

El Supremo mantiene las absoluciones por delitos de fraude, malversación y cohecho, entre otros de Juan Antonio Roca, al rechazar los recursos de la Fiscalía y de la acusación en nombre del Ayuntamiento de Marbella.