El juicio a más de 80 controladores de Balears por el caos aéreo de 2010 arrancará el 8 de octubre
Habrá sesiones también durante el mes de diciembre en la Audiencia Provincial de Palma
EP
PALMA
El juicio a más de 80 controladores de Baleares por el caos aéreo de 2010 arrancará el 8 de octubre y tendrá sesiones tanto en octubre como en diciembre.
Así lo han indicado fuentes del caso tras la celebración de una vista a puerta cerrada este viernes en la Audiencia Provincial para preparar el calendario de este macrojuicio.
En concreto, se han fijado sesiones del 8 al 11 de octubre y del 3 al 5, del 10 al 13 y del 17 al 21 de diciembre, a partir de las 09.45 horas. En principio, el juicio se celebraría en la Audiencia Provincial, sin trasladarlo a un recinto de mayor tamaño ante el elevado número de acusados.
Con todo, sigue en el aire la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo de conformidad con el que se evitaría la celebración del juicio.
Un requisito imprescindible para alcanzar este acuerdo sería el pago previo de la responsabilidad civil y la Fiscalía sostiene que no tiene constancia de que se haya realizado completamente.
La Fiscalía exige en Baleares que el acuerdo sea unánime y que todos los acusados lo suscriban, pero desde el sindicato rechazan esta posición porque, aunque desean que se llegue a un acuerdo con todos, entienden que individualmente los acusados tienen derecho a no declararse culpables si así lo consideran.
Además, USCA opina que la Fiscalía debería mantener la unidad de criterio con el caso de los controladores de Madrid y aceptar el acuerdo por el que los controladores admitirían un delito de abandono de funciones, y no uno de sedición, como plantea alternativamente en Mallorca.
Desde USCA han defendido que el delito de sedición "no cabe" y recuerdan que así lo consideró el juez en Madrid, por lo que se han preguntado por qué la Fiscalía lo mantiene en Mallorca.
La Fiscalía acusa a 81 controladores de Baleares por el caos aéreo del puente de la Constitución en 2010. En febrero, el sindicato de controladores aéreos alcanzó un principio de acuerdo con la Fiscalía de Madrid por el que se comprometía a desembolsar cerca de 15 millones de euros en concepto de indemnización a los pasajeros afectados por el caos aéreo de diciembre de 2010. Sin embargo, la medida quedaba condicionada a la consecución de un acuerdo en Palma.
