La fiscalía pide cerca de 11 años de cárcel para el exalcalde de Estepona Antonio Barrientos por el caso Astapa

Málaga

La Cadena SER ha tenido acceso a la calificación fiscal del caso Astapa. Se trata de la acusación en firme que el ministerio público hace a las 51 personas contra las que dirige su escrito de 162 páginas.

Un documento en el que la fiscalía anticorrupción relata cómo desde el año 2003 hasta mediados de 2007 el gobierno en coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) crearon una caja B en el Ayuntamiento de Estepona para poder aumentar un gasto público que era inasumible con los recursos presupuestarios del municipio. Una caja B que eludía cualquier mecanismo de control interno o externo y que se nutría de las aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios en el municipio. Para poder afrontar sus negocios tenían que pasar por caja de diversas maneras. Pagando en efectivo o asumiendo a través de sus empresas las deudas de concejalías o sociedades municipales como si fueran propias lo que, con frecuencia, daba lugar a la manipulación de documentos. A lo largo de los años la práctica se normalizó hasta el punto de que los empresarios sabían que para afrontar un negocio urbanístico tenían que negociar previamente con los responsables del PSOE o del PES en el consistorio de Estepona.

Los empresarios pagaban y , a cambio, los responsables políticos, encabezados por el exalcalde de Estepona Antonio Barrientos, su jefe de gabinete José Flores, el responsable de Planeamiento Francisco Zamorano, el concejal de urbanismo Pedro López, el de economía Manuel Reina y el primer teniente alcalde de Estepona José Ignacio Crespo supervisaron todos los procesos de negociación ordenando a técnicos y empleados municipales manipulaciones documentales, impulso o ralentización de expedientes urbanísticos para , en definitiva, dice la fiscalía, suscribir convenios y resoluciones contrarias al interés público. Después convencían a los concejales para que ratificaran con su voto las resoluciones que ellos habían gestado por procedimientos irregulares.

En este punto la fiscalía establece que los acusados han causado un perjuicio de 28.000.000 de euros a las arcas municipales de Estepona.

Pero, además, no todo el dinero fue para mejorar las depauperadas arcas municipales. La fiscalía dice que a través de la caja B y las aportaciones de los empresarios se financiaron las actividades políticas del PSOE y del PES en esta localidad y la caja dio para mucho porque también quedó para que los acusados se llenaran los bolsillos. La fiscalía cuantifica, de forma aproximada, hasta qué punto pudieron beneficiarse de esa posición privilegiada. Regalos, viajes o dinero en efectivo. Los principales acusados gastaron poco y ahorraron mucho sin que sus sueldos dieran para tanto. Algunos iniciaron negocios o consiguieron ahorrar por encima de sus posibilidades. La fiscalía, por ejemplo, cita que las constructoras le pagaron a Barrientos la reforma de su vivienda en obras que costaron por encima de los 236.000 euros.

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En total la fiscalía acusa a 51 personas. La suma de las penas ronda los 214 años de cárcel. Las principales penas se solicitan para los seis responsables políticos que, presuntamente urdieron la trama.. Antonio Barrientos y José Flores Simón son acusados de un delito continuado de falsedad, fraude y malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, las penas para cada uno de ellos son de 10 años y nueve meses de prisión. Pedro López y Francisco Zamorano suman, además, el delito de blanqueo de capitales, la pena individual es de 11 años de prisión para cada uno. José Ignacio Crespo y Manuel Reina son acusados de un delito continuado de falsedad, fraude y malversación, cohecho y prevaricación, la pena para cada uno de ellos es de 10 años de cárcel. Las multas sólo para estos seis acusados suman cerca de 20.000.000 de euros. Además la fiscalía pide que devuelvan al Ayuntamiento de Estepona los 28.000.000 de euros en los que, presuntamente, perjudicaron al consistorio.

En su escrito contra los 51 acusados la fiscalía pide pena efectiva de cárcel para 33 de ellos, para 18 la condena que solicita es inferior o igual a los dos años de prisión, susceptible de ser suspendida si se cumplen los requisitos. En todo caso el ministerio público alude a las deficiencias estructurales de la justicia para hablar de la dilación de un procedimiento que ha estado diez años en proceso de investigación.