Un exdirector de Trabajo "no podía imaginar la situación explosiva" que se encontró

Sevilla

Daniel Rivera, testigo en el juicio político de los ERE, e investigado en diferentes piezas separas, ha declarado que cuando llegó al puesto "no agradable", en 2010, "no podía imaginar la situación real", "explosiva", que existía en la dirección general de Trabajo de la Junta. Fue un año antes de que estallara el caso de los ERE.

Vio "un guantazo de realidad" porque iban a verlo colectivos de extrabajadores que llevaban meses sin cobrar. Sin embargo, siempre dio por sentado que las subvenciones se habían otorgado de manera adecuada.

En ese momento la trabajadora del departamento, María José Rofa, le explica que existían compromisos de pagos que no se estaban realizando, pero nadie le dice que se está pagando con dinero de unas ayudas otras subvenciones; lo que se conocía como pagos cruzados. Nadie le cuenta tampoco que se habían concedido subvenciones a empresas del exchófer del exdirector de Trabajo, Javier Guerrero. Nadie, tampoco, ha dicho, le manifestó que un informe de PriceWaterhouse sobre las ayudas a sociedades de dos exconcejales socialistas recomendaba no pagarlas.

"Ahora podemos discutir lo que usted quiera pero entonces me podía resultar indiferente que las ayudas se dieran con una fiscalización, con tres o con ninguna", ha respondido. Las acusaciones entienden que estas subvenciones requerían la fiscalización previa del gasto, que nunca se hizo.

Rivera ha explicado que cuando saltó la existencia de intrusos en el ERE de Mercasevilla y se inició la instrucción judicial, se creó una comisión de información reservada en Empleo para analizar los expedientes de ayudas sociolaborales. "Existían 5.900 beneficiarios de ayudas afectados por la paralización de los pagos por la presencia de más 180 intrusos e irregulares", ha recordado Rivera.

El exdirector de Trabajo cambió la transferencia de financiación por la encomienda de gestión como fórmula para allegar el dinero a IDEA; pero el procedimiento continuó sin fiscalización previa. Rivera ha contado que solo la firmó y no la cuestionó "desde el punto de vista jurídico" porque entendió que contaba con todos los informes favorables.

También eliminó a la mediadora Vitalia que cobraba sobrecomisiones a la Junta por pagar las ayudas investigadas mes a mes a los beneficiarios.