Las claves del juicio contra Javier León, Manuel Sánchez y Alfredo Blanco

Valladolid

Comienza juicio por el caso de la "Comfort letter" con tres políticos del PP sentados en el banquillo de los acusados: Javier León de la Riva , Manuel Sánchez y Alfredo Blanco.

Javier León de la Riva fue alcalde de Valladolid durante veinte años, desde 1995 hasta 2015. Fue juzgado antes de las elecciones municipales de mayo de 2015; lideró la candidatura del Partido Popular pese a tener pendiente la sentencia, y aunque fue la lista más votada el PP quedó a tres concejales de la mayoría absoluta. Y justo después de las elecciones se conoció la sentencia condenatoria por el caso de los áticos de Zorrilla: fue condenado a inhabilitación por desobediencia, por lo que se vio obligado a abandonar la alcaldía antes de que tomara posesión el socialista Óscar Puente.

Manuel Sánchez era el concejal de Infraestructuras y Alfredo Blanco el concejal de Hacienda, miembros del consejo de administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

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Sánchez fue uno de los leales de Javier León de la Riva. Y en las últimas elecciones ya no se presentó. Sin embargo, Alfredo Blanco sí continuó en la candidatura. Y tras ser investigado por este proceso se resistió a dimitir. De hecho, sólo renunció cuando ya era un hecho la apertura de juicio oral, en noviembre de 2017.

¿Qué penas se piden para León de la Riva?

La Fiscalía pide 9 años de prisión por falsedad documental. El Ayuntamiento rebaja a 3 años de cárcel, pero ambas partes piden penas de prisión porque es un presunto delito de falsedad.

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Y por prevaricación la fiscalía solicita 36 años de inhabilitación (9 pide el Ayuntamiento de Valladolid).

¿Cuáles son las penas para los otros acusados?

En primer lugar, no se piden penas de cárcel porque Manuel Sánchez y Alfredo Blanco no están acusados de falsedad documental, sólo de prevaricación. Y también encontramos una gran diferencia entre lo que solicita la acusación pública y la particular. Para cada uno de los exconcejales la Fiscalía solicita 24 años de inhabilitación. Y el Ayuntamiento rebaja a 7 años esta pena asociada a la prevaricación.

Las acusaciones coinciden en que los tres políticos "obviaron de forma deliberada" los trámites legales.

 ¿Qué eran las cartas de conformidad?

Las "Comfort letter" (Cartas de conformidad), que suponían un aval bancario, fueron firmadas por Javier León de la Riva en 2008, 2010 y 2011 sin ningún acuerdo de la Junta Local de Gobierno o el Pleno, y sin ningún informe del secretario municipal o el interventor. La suscrita este último año, 2011, fue la primera que se descubrió y la que suponía el aval más importante porque entonces la Sociedad Valladolid Alta Velocidad tenía contraídos créditos por valor de 400 millones de euros. Como el Ayuntamiento de Valladolid tiene un 25 por ciento del accionariado (la Junta de Castilla y León participa con un 25% y el 50% corresponde al Ministerio de Fomento) en el supuesto de responsabilidad patrimonial el Ayuntamiento tendría que haber aportado 100 millones de euros.

Cuando Javier León firmó ese aval (enero de 2011) el Ayuntamiento de Valladolid estaba al límite de la deuda permitida por la Ley, con más de 200 millones de euros, y en consecuencia no tenía capacidad de mayor endeudamento . Ésta es una de las razones que explica la negativa a pedir autorización. La otra clave es la proximidad de las elecciones municipales, previstas en mayo de 2015. En aquel tiempo seguía viva la entelequia del soterramiento. Si se hubieran desvelado estos datos el debate sobre la viabilidad hubiera estallado en plena campaña.

En abril de 2016 el gobierno municipal de izquierdas denunció este asunto en los juzgados al mismo tiempo que se emprendieron todos los acuerdos políticos pertinentes para que el aval quedara anulado y los bancos no reclamaran los 100 millones de euros, algo que sí intentaron.

¿Y qué han argumentado los procesados?

En primer lugar, que no ha habido ningún quebranto económico para el Ayuntamiento de Valladolid y que era un documento desconocido. Y la única declaración en los medios de comunicación de Javier León de la Riva se produjo durante un encuentro casual con un periodista de la Cadena SER en la Acera de Recoletos, el 9 de marzo de 2016: "De eso no voy a hablar porque ese fue un documento mal tramitado que no tiene más historia; las otras administraciones lo hicieron; el Ayuntamiento no lo tramitó correctamente, pero en este momento yo creo que es un tema pasado".

Dos años y cuatro meses después el "pasado" vuelve al primer plano de la actualidad con otro juicio mediático.

El juicio estaba previsto la última semana del pasado mes de abril, pero el abogado José María Tejerina pidió la suspensión alegando enfermedad, según la información adelantada por la SER el 20 de abril.