La solución no pasa por cerrar Divalterra

Valencia

700 trabajadores, 700 familias pendientes de su futuro laboral después de que el equipo de gobierno de la Diputación de Valencia haya decidido iniciar los trámites y consultas jurídicas para el cierre "ordenado" de Divalterra, la antigua Imelsa. Una situación que viene motivada por el escándalo tras los presuntos casos de corrupción en la llamada operación Alquería, que llevó a la detención del ex presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez y varios cargos más de esta empresa pública. Una decisión que se ha anunciado sin comunicar oficialmente a los trabajadores, que no dan crédito todavía, porque además desde el equipo de gobierno reconocen que no saben cómo pueden llevar a cabo el vaciado de esta empresa- 700 trabajadores que vigilan  los montes de la provincia-y mantener sus derechos laborales.

¿Es legítimo cerrar una empresa por la incompetencia de su dirección? Improvisación, falta de gestión, como si la solución pasará solo por eso. Como señalan hoy los trabajadores indignados " matar al perro no acaba con la rabia de la presunta corrupción"·