Martínez dice que la Diputación de Lugo tiene “características fascistas”, al no admitírsele una moción sobre ahorro energético
Además, Martínez alerta del riesgo de impago de las nóminas de julio en Suplusa tras la dimisión de la interventora
Lugo
El diputado no adscrito en la Diputación de Lugo y alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, ha acusado a la Diputación de “empezar a ser una administración con características fascistas”, luego que se haya rechazado tratar en el pleno provincial una moción para el abaratamiento de la energía eléctrica en los “edificios públicos” de la provincia de Lugo.
El también presidente de la sociedad del suelo (SUPLUSA, foco de los problemas con el gobierno provincial socialista) intentaba colar dicha moción, para “eliminar la figura del comercializador en los edificios de la Diputación y extenderlo a todos los concellos, para alumbrado público o mantenimiento de edificios que permitiría un ahorro del 20 por ciento”.
Que a través de un informe de secretaría se le haya denegado el debate de dicha propuesta le ha llevado a clamar por el problema, “que hay para que una moción que pide que la energía sea más barata, no se pueda debatir en esta institución que empieza a ser una diputación con características fascistas, donde se impide el debate y se ningunean los acuerdos de pleno”.
Dimisión de la interventora en Suplusa
Manuel Martínez, diputado no adscrito diputación de Lugo y alcalde de Becerrea
00:20
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
<iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/1532949156_118957/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Martínez también ha llamado la atención sobre la dimisión de la interventora de la Diputación como interventora de SUPLUSA, que podría poner en peligro que los 29 trabajadores de la sociedad del suelo se queden sin cobrar la nómina del mes de julio. Calcula que suma sobre “cuarenta mil euros”.
Además esta dimisión como interventora de SUPLUSA, que según él obedece a “presiones” sobre dicha sociedad que concluye que el gobierno socialista quiere “disolver”, y que podría suponer el pago de una multa en cuanto al pago del IVA y del impuesto de sociedades.
Martínez ha estimado que esa multa, un veinte por ciento, se volcaría sobre esas gestiones del IVA y del impuesto de sociedades del último trimestre que superan los 250 mil euros expedidos a través de la sociedad del suelo.