El Consell cumple la sentencia y compra las participaciones de Aguamarga
Cumple la sentencia y pagará 40 millones, "herencia del PP"
Alicante
El Pleno del Consell ha dado luz verde para que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) adquiera la mayoría de las participaciones de la empresa que compró los terrenos de Kelme en Aguamarga.
Se cierra así uno de los mayores problemas heredados del anterior Gobierno valenciano, que en 2008, con el objetivo de sacar de la quiebra a la empresa ilicitana, se embarcó en una operación inmobiliaria que ha acabado costando a todos los valencianos casi 40 millones.
En 2007 el IVF encabezó una operación a tres bandas con las ya extintas Bancaja y CAM para rescatar a la compañía Kelme, y evitar su quiebra. La operación consistió en la compra de unos terrenos que eran propiedad de la mercantil ilicitana en la zona de Aguamarga. En 2008 se creó Desarrollos Urbanísticos Aguamarga, S.L para realizar la compra por 35 millones de euros.
Esos terrenos nunca fueron recalificados por su valor ecológico y de hecho existía un pacto con el Ayuntamiento de Alicante para que los cambiase por suelo en otras zonas del municipio, también en época del PP.
Este viernes se ha autorizado la adquisición por parte del IVF del 54,58 % de las participaciones de esta sociedad. Generalitat estaba obligada por dos sentencias judiciales de la Audiencia Provincial de Valencia a hacerse cargo de este rescate fallido que forzó el PP durante su etapa al frente del ejecutivo autonómico.
El importe total desembolsado por el IVF para atender estas opciones de venta asciende a 39,5 millones, según indica Mónica Oltra, vicepresidenta y portavoz del Consell.
Mónica Oltra: "Ahora nos toca a los valencianos pagar 39,5 millones de euros para nada"
00:23
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
<iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/085RD010000000089473/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Por contrato existía una opción de venta de las dos cajas a favor del IVF. Ambas entidades la ejercieron en 2011, pero el IVF no pudo asumirla por el decreto de control de déficit de las empresas públicas aprobado ese año. Ante esto, las cajas denunciaron y los tribunales les dieron la razón.