Herrera niega la reunión con Silván
Insiste en que Suárez Quiñones no está investigado judicialmente por la conversación con Ulibarri

Ricardo Ordóñez/Agencia Ical

Burgos
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha negado la reunión que, según informaciones periodísticas, habría mantenido en marzo de 2017 con el alcalde de León, Antonio Silván, y el empresario José Luis Ulibarri, principal acusado en la llamada ‘Trama enredadera’. En declaraciones a los periodistas durante una visita a la Casa del Parque de los Montes Obarenes, en San Zadornil (Burgos), Herrera ha tildado estas informaciones de “infundadas y pintorescas”. Ha señalado que parten de una conversación grabada a personas que no cree conocer y que hablan de una reunión que “no existió”. Ha atribuido a la falta de noticias que se produce en verano la importancia que se ha dado a “una reunión que no existió”.
Respecto a las comparecencias del consejero de Fomento y Medio Ambiente y del vicepresidente de la Junta de Castilla y León ante las Cortes autonómicas para explicar su papel en la “Trama enredadera’ , Herrera ha insistido en que se producirán a petición de ellos mismos y serás las Cortes las que tomen la decisión sobre “el momento de las comparecencias y ante qué foro”. Ha asegurado que en este asunto lo importante no es la valoración que realice el presidente de la Junta de Castilla y León porque el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, que le acompañaba hoy en su visita, ha ofrecido ya “cumplidas explicaciones”. De hecho, ha adelantado que uno de los argumentos en los que se insistirá en su comparecencia ante las Cortes de Castilla y León será que “no hay ninguna actuación contra el consejero por una conversación grabada que se ha incorporado posteriormente a las actuaciones judiciales”.
Tras insistir en el “máximo respeto” a las actuaciones judiciales, Herrera ha insistido en que en este caso Suárez Quiñones actuó siguiendo la Ley de Contratos del Estado, que permite hacer una ‘Cesión de contrato’ cuando la empresa adjudicataria de una obra no puede acabarla por su mala situación económica. Además, ha recordado que en este caso ni siquiera se pudo concretar esa cesión y la obra se paralizó.




