El Govern presenta una ley para favorecer a los colectivos vulnerables
Está previsto que este viernes se apruebe el proyecto de ley en el Consell de Govern
PALMA
El Govern presenta un proyecto de ley que se prevé aprobar este viernes. Es la Ley de acción concertada, que deriva de la Ley del tercer sector que se aprobó recientemente en el Parlament, con el objetivo de favorecer los derechos de los colectivos vulnerables en las Islas.
Otro de los objetivos es, también, garantizar la estabilidad laboral y económica de las entidades que realizan servicios en el sector.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, habla de una ley pionera, porque sería la primera comunidad en concertar los servicios del tercer sector. Armengol explica que "surge de una petición por parte del tercer sector, para que sea tramitada por lectura única. Se ha realizado de forma conjunta y esperamos que los grupos parlamentarios sean receptivos a la petición y poder aplicarla de forma inmediata."
Por su parte, el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, destaca la importancia de que se incluya por primera vez " la concertación de todo lo referente a la orientación para colectivos vulnerables. Era una reclamación del tercer sector, para permitir a las entidades de este sector trabajar con seguridad y estabilidad, sin tener que estar pendientes de convocatorias de subvenciones que puedan generar esa inestabilidad que afecta a los usuarios más vulnerables de nuestra Comunidad Autónoma."
La consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, asegura que es una ley que considera que los servicios sociales no son de carácter económico y se basa, además, en la participiación ciudadana.
Por otra parte, esta norma establece también que las entidades que se presenten a los concursos públicos deberán cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, expone, mostrar solvencia económica y técnica "a través de la experiencia." Deberá puntuar como mínimo un 50% del apartado técnico exigido. Por último, la ley establece que estos concursos entre el tercer sector no podrán durar más de tres años y tampoco superar los 750.000 euros.