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Viernes, 10 de Abril de 2020

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El Gobierno recurre el archivo del desalojo de Rozalejo

EH Bildu, que designó a la consejera de Interior, critica "el empecinamiento en la vía judicial" por parte del ejecutivo en lo referente a la ocupación del edificio

Maria José Beaumont, consejera de Interior y María Solana, portavoz

Maria José Beaumont, consejera de Interior y María Solana, portavoz / Javier Lorente Doria

La primera sesión de trabajo del Gobierno de Navarra tras las vacaciones de verano ha aprobado recurrir ante la Audiencia Provincial el archivo por parte del juez de instrucción número 4, Edilberto Iglesias, de la causa abierta por la ocupación del palacio Marqués de Rozalejo, en el casco viejo de Pamplona. El magistrado consideró el sábado que la petición de suspensión del desalojo por parte del ejecutivo suponía "un consentimiento temporal de su ocupación". El Gobierno asegura que no existe contradicción entre pedir esa suspensión y mantener la causa abierta e incluso mantiene su proyecto de dedicar el edificio al Instituto de Memoria Histórica, aunque apuesta por un "desalojo negociado, no policial", según la consejera portavoz María Solana, pese a haberse producido ese desalojo por parte de la Policía Foral el pasado viernes.

"No podemos admitir que el juez pueda interpretar que se archiva la causa. No es lo que se le solicitó", ha remarcado la consejera Beaumont, que ha defendido la intervención policial de desalojo, que "fue limpio" y con "suficiente" dispositivo. La titular de Interior, que se encontraba de vacaciones la pasada semana mientras se produjo el desalojo policial, ha señalado que fueron los técnicos de Patrimonio los encargados de decidir las medidas que se tomaron para evitar una nueva ocupación y niega que Interior sospechara que pudiera producirse, pese a que hubiera una asamblea convocada por los ocupantes a las 6 de la tarde del viernes. "No tuve conocimiento de que eso pudiera ser posible y doy por hecho que Policía Foral tampoco", ha respondido Beaumont sobre la existencia de la asamblea y posterior reocupación.

En cuanto a la providencia del juez que carga contra el Gobierno como propietario cualquier incidencia de riesgo que ocurra en el interior del deteriorado inmueble, la consejera ha señalado que en todo caso la responsabilidad "puede ser compartida", ya que "quienes están dentro saben" de los riesgos y problemas de seguridad, de los que les advirtió el propio Ejecutivo en el proceso de mediación que se desarrolló sin éxito antes de que instar a su desalojo.

La portavoz Solana señala que el gabinete Barkos se mantiene en su proyecto de destinar el edificio al Instituto de Memoria Histórica. Sin embargo, ha reconocido que la idea no cuenta con el favor de sus socios del cuatripartito, como quedó de manifiesto en la reunión que mantuvieron el sábado, por lo que lamenta "la falta de sintonía" con sus socios. "Es notorio y público que no hay un acompañamiento y una defensa de esa propuesta. Pero no sé si eso es impedimento para que este Gobierno siga defendiendo que es un marco perfecto para eso".

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