La Policía Nacional imputa a cuatro personas por denuncias falsas

Almería

Agentes de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Almería investigan a cuatro vecinos de la capital acusados de simular delitos durante la semana de celebración de la Feria 2018. Están imputados por intentar denunciar falsos robos durante la semana del 20 al 26 de agosto. El principal objetivo era cobrar la póliza de seguro en casos de hurto o extravío de efectos personales como carteras y teléfonos móviles.

Estos episodios generan un enorme malestar entre las fuerzas de seguridad que, con demasiada frecuencia, se ven obligadas a investigar delitos inexistentes y dedican recursos policiales muy valiosos para otros casos reales.

Durante el ejercicio 2018, la Policía Nacional imputó delitos de simulación de delitos, estafa y denuncias falsas a 30 vecinos de Almería. Se trata de asuntos esclarecidos por los agentes y, por tanto, solo una parte de los fraudes totales (muchos quedan sin resolver por la imposibilidad de demostrar fraudes donde solo existe la palabra del denunciante).

Además de los propios agentes, las principales víctimas son las compañías aseguradoras. Los ciudadanos denuncian generalmente robos con violencia con el objetivo de conseguir el cobro de la póliza suscrita con las empresas de seguros.

Pasar la factura

Los sospechosos quieren sacar ‘rendimiento’ a esos contratos o, simplemente, ocultar una pérdida accidental de un teléfono o cualquier otro objeto personal. Además, los contratos con las aseguradoras no suelen contemplar los casos de hurto (por ejemplo, un teléfono móvil robado en un descuido en la terraza de un bar) y, en cambio, sí cubren los episodios de violencia (por ejemplo, un atraco en plena calle). Los presuntos estafadores buscan cobrar cantidades pequeñas de una forma rápida y juegan con las dificultades para comprobar los hechos.

El Código Penal castiga estas conductas con condenas de prisión. Además, la Comisaría Provincial de Almería lleva años incluyendo en sus informes una valoración de los gastos de investigaciones sobre delitos falsos. Esto es, la Policía Judicial aporta un detalle de las horas realizadas, el material, los desplazamientos y otros conceptos similares. El objetivo es que el Ministerio Fiscal pueda solicitar el pago de esas cantidades en concepto de responsabilidad civil a los acusados.

De este modo, los agentes tratan de concienciar a los ciudadanos sobre el daño económico que se genera con estas falsedades y, al mismo tiempo, de la incidencia sobre la seguridad pública.