La ampliación del Parque de Miñano que tramita Vitoria: supuestos amaños y comisiones ilegales a cargos del PNV

Vitoria

La ampliación del Parque Tecnológico de Miñano que actualmente se está tramitando en el Ayuntamiento de Vitoria está en el corazón de la supuesta trama de corrupción por la que varios excargos del PNV están siendo juzgados este año. El contrato para el desarrollo urbanístico de esa ampliación forma parte de las numerosas corruptelas que perpetró presuntamente Alfredo De Miguel, ex alto cargo del Partido Nacionalista Vasco.

EH Bildu adelantó hace dos semanas que un empresario acusado de corrupción en la causa está en la actualidad gestionando la sectorización urbanística de la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, controlado por el departamento de Desarrollo Económico del Gobierno vasco. Se trata de Sergio Fernández Oleaga de la empresa STOA. La respuesta del Ejecutivo de Urkullu a las dudas planteadas por la formación abertzale y también por el PP es que el contrato público en cuestión es de hace 10 años, y que en ningún caso se ha realizado una nueva contratación con el empresario que está sentado en el banquillo de los acusados del ‘caso De Miguel’.

“Simplemente se sigue el procedimiento para el contrato que estaba adjudicado con un concurso público absolutamente ordinario, un contrato de 2008”, ha explicado este miércoles la consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia. Sin embargo, este contrato es especial: según la Fiscalía de Álava es un contrato amañado y por él se pagaron comisiones ilegales. Es una de las claves de la trama del ‘caso De Miguel’.

Tras solicitar aclaraciones al Parque de Miñano, la CADENA SER ha podido comprobar que este contrato es una de las adjudicaciones irregulares sobre las que se sostiene la acusación de la Fiscalía en el 'caso De Miguel’. Por ese contrato -supuestamente amañado- están acusados de varios delitos Alfredo De Miguel, miembros de la plana mayor que gestionaba el Parque de Miñano como Koldo Otxandiano, Alfonso Arriola y Julián Sánchez Alegría, además del empresario Fernández Oleaga. Para él, la Fiscalía pide 12 años de cárcel por diversos delitos como cohecho y fraude en la contratación. A partir de septiembre todos los acusados comparecen en el juicio para ser interrogados por su papel en esta adjudicación.

El Ministerio Público considera que los acusados se saltaron la ley para facilitar que STOA ganara el concurso público de ese contrato: considera la Fiscalía que desde sus responsabilidades en Miñano obviaron errores en la oferta de STOA por los que tenía que haber sido descartada del proceso de adjudicación e incluso se manipularon expedientes para cambiar las puntuaciones y beneficiar a la empresa apadrinada por De Miguel. A cambio de esta adjudicación de 343.000 euros -y de un contrato anterior- el empresario pagó a De Miguel una comisión ilegal de 3.570 euros, sostiene la Fiscalía.

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El contrato fue licitado en 2008 y adjudicado en 2009. Su objeto era la redacción del plan de sectorización de la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, es decir, el plan de desarrollo urbanístico de más de 800.000 metros cuadrados. El 3 de mayo de 2010 una solicitud del Parque ante el Ayuntamiento de Vitoria dio el pistoletazo de salida a los primeros trámites para conseguir las autorizaciones municipales. Apenas 20 días después, El Correo desveló que el empresario adjudicado estaba imputado por supuestas ilegalidades en ese contrato. Después de una larga tramitación en la que el Ayuntamiento exigía cambios en el plan urbanístico del Parque de Miñano, en 2014 el Gobierno del Partido Popular le retiró su apoyo y quedó olvidado en un cajón. 

Miñano reactiva el contrato salpicado por presunta corrupción

En 2018, el Parque de Miñano lo ha vuelto a intentar. Ha reactivado sus planes y el pasado 28 de febrero solicitó al Ayuntamiento que diera luz verde a sus planteamientos para ampliar el polígono tecnológico. El empresario imputado fue quien entregó la nueva documentación del Parque de Miñano en el Ayuntamiento. Lo haría de nuevo en junio para mejorar la solicitud. Todo esto mientras en los juzgados de Vitoria, fiscales y ertzainas intentaban demostrar que el contrato para ese desarrollo urbanístico de la ampliación está amañado a cambio de comisiones.

En el expediente del Ayuntamiento de Vitoria al que ha tenido acceso la CADENA SER se señala que el Parque Tecnológico de Miñano está representado por Sergio Fernández Oleaga de la empresa STOA. Fuentes del Parque han explicado que "no se le ha autorizado en ningún caso a ser representante del Parque". "Sergio Fernández entregó la documentación como redactor de la misma por ser el adjudicatario del concurso" añaden estas fuentes.

De momento, el Ayuntamiento ha autorizado la tramitación del plan urbanístico de Miñano y lo ha sacado a información pública. Su éxito está pendiente de la decisión definitiva que tome el pleno del Ayuntamiento de Vitoria. Por delante queda un largo recorrido administrativo. En todo caso, el Gobierno de Urtaran lo apoya. “Con la futura ampliación se da respuesta a una demanda del propio tejido industrial del municipio y refuerza la posición estratégica de Vitoria-Gasteiz en el terreno de la innovación”, explicó a finales de julio la concejala de Urbanismo de Vitoria, Itziar Gonzalo.