IU pregunta al Gobierno de España sobre el enterramiento de franquistas en el Alcázar de Toledo

Toledo

IU Castilla-La Mancha, a través de la diputada en el Congreso Eva García  Sempere ha realizado varias preguntas escritas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, interesándose por el "incumplimiento" de la Ley de Memoria en el Alcázar de Toledo, y el aprovechamiento privado de ese edificio "para el enterramiento de franquistas y exaltación y homenaje a golpistas fascistas".

Según explica la formación en un comunicado, coincidiendo con el anuncio del Consejo de Ministros de exhumar el cadáver del dictador Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos, administrada por Patrimonio Nacional, Izquierda Unida ha decidido dar cuenta por escrito de la situación "anómala e ilegal" que se da en el Alcázar de Toledo.

Esta situación "anómala e ilegal" se refiere al privilegio otorgado por la dictadura franquista a aquellos individuos que se posicionaron del lado del fascismo golpista español en la sublevación que estos rebeldes protagonizaron en Toledo. Concretamente este privilegio reside en el derecho de que en torno a 200 golpistas tienen que ser enterrados en un hipogeo de acceso restringido y que está situado en ese edificio público propiedad del Estado, en una cripta de acceso privado.

Esta cripta, recuerda IU, no es el único sitio donde la exaltación golpista antidemocrática tiene cabida en El Alcázar de Toledo, sino que este, en una considerable parte del recinto público, es utilizado para la exposición de diferentes homenajes físicos de otros gobiernos dictatoriales y/o asociaciones y organizaciones de corte fascista y antidemocrático.

De hecho, aún hoy, la denominada 'Hermandad del Alcázar' organiza misas de "exaltación a los caídos" en Toledo y celebran su propia procesión a finales de septiembre, en la que el Alcázar es parte esencial de esta exaltación, tanto personal como colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura franquista, que se encuentra prohibida por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica.

"Las preguntas van dirigidas en la medida de conocer la voluntad que tiene el Gobierno (PSOE), en relación al cumplimiento de la ley, así como de las acciones que debiera llevar a cabo en el lógico y obligado cumplimiento" de la misma, en referencia al uso privado que se hace de la cripta del Alcázar, "así como de las diferentes manifestaciones de exaltación de aquellos que provocaron una guerra civil y una dictadura de corte fascista durante casi cuatro décadas en España, en ese edificio público".