Los afectados de iDental en Canarias piden también el acceso gratuito a los peritos

Canarias

Los afectados de iDental en las Islas no ocultan su alegría por el acuerdo alcanzado entre las 14 autonomías que tienen pacientes de esta clínica dental low cost y el juez de la Audiencia Nacional a cargo de este macrofraude, José de La Mata.

Un convenio que pasa por que se facilite a todos los pacientes la copia de sus historiales médicos y que se remita otra digitalizada al Juzgado Central de Instrucción número 5 que investiga la causa.

Para Raquel, una paciente de Canarias, esta decisión "es un gran paso", ya que la historia clínica "era necesaria para entregársela al perito y poder vencer en Fiscalía con los escasos datos que contienen". Aún así, insiste en que aún queda mucho por hacer para resarcir el daño a todos los perjudicados el fraude de estas clínicas que se hacían llamar Dentistas con Corazón ha dejado en España.

En Canarias se estima que sean más de 16.000 los pacientes perjudicados por la clínica iDental situada en la calle Venegas de Las Palmas de Gran Canaria. Muchos de ellos, según Raquel, no han podido denunciar el caso por sus vulnerables condiciones económicas. Por ello, considera que el siguiente paso a tomar por la Administración debe ser que se facilite de manera gratuita el acceso a un peritaje. "Ahora que vamos a acceder a la historia clínica y se puede disfrutar de una justicia gratuita, sería deseable que se facilitara un perito para aquellos que no pueden pagarlo", ha asegurado.

El protocolo determinado por las comunidades autónomas y el magistrado de la Audiencia Nacional ha sido fruto de la primera reunión de estas características que se celebra en el tribunal español y obedece a la complejidad y la magnitud de esta causa para la que ya hay abiertas 200 piezas con diligencias de investigación en distintas provincias, piezas que podrían llegar a superar el millar.

La Audiencia Nacional inició la instrucción sobre iDental el pasado 26 de julio a raíz de una denuncia presentada por afectados en Andalucía y ordenó un día después una operación policial con registros en 17 clínicas de 8 comunidades autónomas en los que se incautó información societaria e historiales de pacientes. De la Mata investiga al grupo empresarial por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Esta clínica 'low cost' se dedicaba a prestar servicios odontológicos, aunque ofrecía con ellos un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades bancarias mediante las cuáles percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios. Tras ello, y según consta en la denuncia de los afectados, "los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos".