Los dueños de Igrafo, en el banquillo por fraude fiscal
El ex consejero de Educación, Iglesias Riopedre, declara como testigo y confiesa su decepción con la que fuera su mano derecha, María jesús Otero
Oviedo
Los dueños de Igrafo afrontan una petición de seis años y 3 meses de cárcel por una presunta evasión fiscal en una causa desgajada de la operación Marea que esta mañana llevó a prestar declaración, esta vez como testigo, al exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre. La vista oral se celebra durante toda esta semana en el Juzgado de lo Penal nº 3 de Oviedo.
La Fiscalía sostiene que los dos dueños de Igrafo, Roberto y Víctor Manuel Muñiz, eludieron el pago de impuestos durante varios años, llevando una doble contabilidad. La Fiscalía les atribuye cinco delitos contra la Hacienda Pública, por el Impuesto de Sociedades y el IVA en los años 2006, 2007 y 2008.
El lunes prestaron declaración como testigos dos de las principales acusadas en el ‘caso Marea’, María Jesús Otero y Marta Renedo, y este martes lo ha hecho el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre. Riopedre declaró durante apenas cinco minutos a preguntas de la Fiscalía y la Acusación Particular, relativas a un viaje privado a Tenerife y a otro a Barcelona para asistir a un congreso, abonados por Igrafo, si nos atenemos a la documentación contenida en el sumario. El exconsejero reiteró su declaración durante el juicio del caso Marea: el viaje a Tenerife fue pagado por un grupo de amigos que entregaron el dinero a Otero, mientras que el viaje a Barcelona tenía carácter oficial, por lo que consideraba que había sido pagado con cargo a las dietas que tenía en su calidad de consejero de Educación.
Riopedre se declaró “dolido” con María Jesús Otero, quien fuera su directora de Planificación en la Consejería, y otras personas a quienes consideraba amigas, según declaró en el juicio.