El asesinato de Benita Núñez, de nuevo ante los jueces
El TSJ de Castilla y León celebra este martes vista pública por el recurso que la defensa del asesino y exmarido de Benita Núñez presentó contra su condena a 25 años y medio de cárcel
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El condenado por el asesinato de su exmujer Benita Núñez, de blanco y junto a su abogado, en un momento del juicio celebrado en la Audiencia Provincial / Cadena SER
Aranda de Duero
El proceso judicial por el asesinato de la ribereña Benita Núñez por parte de su exmarido vuelve mañana a los tribunales: la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León celebra este martes 18 la vista pública sobre el recurso contra la sentencia del Tribunal de Jurado de la Audiencia Provincial de Burgos por este crimen. Ha sido la defensa del condenado quien ha planteado este recurso contra la sentencia a 25 años y medio de cárcel que la Audiencia Provincial de Burgos impuso a José Tomás Villalibre Mogrovejo por el asesinato de su esposa.
Previamente el jurado popular le había considerado “criminalmente responsable, en concepto de autor y en grado de consumación, de un delito de asesinato con alevosía”, perpetrado la madrugada del 16 de julio de 2016 en el domicilio de la víctima, vecina de Aranda y natural de Baños de Valdearados. La sentencia desestimó las peticiones de la defensa, que apelaba a la existencia de atenuantes. Más al contrario los magistrados apreciaron en el crimen las agravantes de parentesco y razón de género y reconocieron el delito de allanamiento de morada, al haber accedido el reo al domicilio de su ex pareja sin su consentimiento.
La sentencia está más cerca de los 27 años que solicitaban tanto la acusación particular, como la popular, ejercida por la asociación Clara Campoamor, que de los 20 que pedía la Fiscalía. A la privación de libertad la sentencia añade también la prohibición para el reo de acudir y residir durante treinta años en Aranda y la de comunicarse por cualquier medio o aproximarse a los familiares más directos de la víctima. Le impone libertad vigilada por un tiempo de hasta diez años una vez cumplida la pena privativa de libertad, así como varias indemnizaciones para los familiares más directos de la víctima.
La defensa ha ejercido el derecho de apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que este martes 18 se septiembre, cuatro meses después de publicada la sentencia, celebrará vista pública para abordar este recurso.
