Cada municipio con desaladora tendrá que pagar en torno a 20 millones si se ponen en marcha
Los afectados piden que se modifique el convenio para que no sean los vecinos lo que tengan que hacer frente al gasto con sus impuestos
Radio Castellón
Castellón
Los municipios de la provincia de Castellón que firmaron en 2006 el convenio con la sociedad estatal Acuamed para la explotación de las desaladoras tendrán que pagar alrededor de 20 millones de euros cada uno cuando se pongan en marcha.
Oropesa tendrá que pagar 28 millones de euros a 25 años; Cabanes, 20; Benicàssim, 17; Xilxes, 11; y Moncofa, 26 millones de euros, según establece el convenio que firmaron estos municipios con la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mineras (ACUAMED) cuando se construyeron las desaladoras por los costes y la amortización de las plantas, aunque de momento no han tenido que pagar nada porque no se han puesto en marcha. Antes de marzo de 2019 tienen que entrar en funcionamiento, sino el gobierno central tendrá que devolver la subvención que Europa dio para su construcción. Pero los municipios exigen ahora que se modifique el convenio, para que no sean los vecinos los que tengan que hacer frente a estos gastos con sus impuestos. Virginia Martí, diputada provincial del PSOE por Cabanes, cuenta que el gobierno tendrá que devolver 33 millones de euros si no se ponen en marcha antes de marzo de 2019 y asegura que los municipios "tienen un problema".
El pleno de la Diputación Provincial lleva hoy una declaración institucional para que sea el gobierno central quien asuma los costes de explotación de las plantas.
